El oficialismo busca avanzar con la reforma laboral el 11 de febrero y las negociaciones pasan por la baja de Ganancias. El nuevo régimen penal juvenil abrió una interna entre Bullrich y Menem.
Con la reforma laboral como batalla central, este lunes comienza el segundo llamado a sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 27 de febrero. Aunque el temario incluye otras iniciativas, el abaratamiento de los despidos y la regresión en materia de derechos laborales se consolidaron como el verdadero objetivo de la Casa Rosada. El proyecto del oficialismo, que ya cuenta con dictamen, se discutirá el 11 de febrero en el Senado. Durante el último mes, la oposición junto a la CGT trabajó para frenar la reforma, pero el bloque que rechaza el proyecto permanece estancado en 28 votos y enfrenta el riesgo de un nuevo desmembramiento, que podría activarse a mitad de semana. Pese a que la iniciativa pone en jaque conquistas básicas como la jornada de ocho horas y el derecho a huelga, las negociaciones poco tienen que ver con el futuro de los trabajadores y todo gira en torno al impacto fiscal y a las arcas provinciales.
A último momento, y al calor de la conmoción por el crimen de Jeremías Monzón, el Gobierno sumó al temario la baja de la edad de imputabilidad. Una discusión punitivista que corre el foco del recorte de derechos que implicará la aprobación de la reforma y que ya se instaló en la agenda pública.
Reforma laboral: un cheque en blanco
A todo o nada, el Gobierno buscará avanzar el próximo 11 de febrero con la aprobación de su reforma flexibilizadora. Presentada como una “modernización”, el proyecto esconde una fuerte rebaja impositiva para las grandes empresas, entre ellas la reducción del impuesto a las Ganancias para las sociedades de mayor tamaño, que derivará en una merma de recaudación estimada en tres billones de pesos durante 2026. En términos concretos, el recorte implicará una pérdida de 1,7 billones de pesos para las provincias. El impacto fiscal explica por qué el eje real de las negociaciones no pasa por el futuro del trabajo sino por las cuentas provinciales. Más allá de que el resto de los más de 190 artículos modifica de manera profunda la normativa laboral tal como se la conoce —con una transferencia regresiva de derechos de los trabajadores hacia el capital, el debilitamiento de su capacidad de organización sindical y el desfinanciamiento del sistema de seguridad social.
A pesar de los movimientos de la oposición en el Senado —centralmente del interbloque Popular, que conduce José Mayans, en coordinación con la CGT—, el debate sobre el núcleo de la reforma no logró calar hondo en la sociedad y la discusión pública quedó acotada casi exclusivamente al impacto fiscal. La semana que cierra, Patricia Bullrich le transmitió a la Casa Rosada que el oficialismo cuenta con los números para aprobar la ley en general, pero no ofreció garantías sobre el capítulo tributario. Aun así, el Gobierno pretende avanzar sin cambios y asumir el riesgo de perder contenido en el camino.
La gira federal de Diego Santilli hizo escala el último jueves en la Casa de la Provincia de Salta. Allí, el ministro del Interior les dijo a los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil que las eventuales compensaciones por las pérdidas ocasionadas quedarían supeditadas al comportamiento de la oposición durante la votación. Un cheque en blanco. “Primero que levanten la mano”, resumió ante este diario un funcionario con despacho en Balcarce 50. Pese a su vocación de colaboración, a los tres mandatarios la propuesta les pareció mucho.
La intransigencia del gobierno activó un diálogo subterráneo entre gobernadores que podría derivar en una reunión conjunta en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el próximo miércoles. Los más envalentonados incluso sugirieron reflotar el proyecto para coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos para batallar con la Casa Rosada.
Tensiones libertarias
La agenda de extraordinarias también abrió una interna inesperada entre Patricia Bullrich y Martín Menem. “Le quiere comer la agenda a Menem”, deslizaron en la Cámara de Diputados ante Página/12. El miércoles a las 15, la senadora Bullrich volverá a juntar a los jefes de bloque a excepción del peronismo. En los hechos, la exministra busca capitalizar las dos discusiones centrales que impulsa el oficialismo: la reforma laboral y la reforma del régimen penal juvenil.
Si bien la baja de la edad de imputabilidad se discutió durante los primeros dos años de la gestión libertaria en Diputados —y lo esperable sería que el debate se retome allí—, el viernes Bullrich recibió en el Senado a la familia de Jeremías Monzón, el joven brutalmente asesinado en Santa Fe que se convirtió en el caso emblema para empujar la agenda punitivista. El entorno de la jefa de la bancada libertaria repite que fue ella misma quien envió el proyecto a la Cámara baja y quiere que se trate tal como ingresó, es decir que se reduzca la edad punible de 16 a 13 años. Menem ya avisó que en Diputados hay consenso para bajarla a 14, no a 13. Las negociaciones están abiertas. Primero se tienen que terminar de conformar las comisiones.
El miércoles también será un día clave para el peronismo en la Cámara Alta. La suspensión de la senadora Carolina Moisés por parte del Partido Justicialista de Jujuy podría complicar al interbloque Popular, que hoy cuenta con 28 senadores, de los cuales cinco están enrolados en el subbloque Convicción Federal. La legisladora jujeña se reunió el último jueves con los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, quienes le manifestaron su respaldo y podrían oficiar como dique de contención tras la decisión del PJ provincial de suspenderla por “inconducta partidaria”. Moisés también habló con el presidente de Convicción Federal y deslizó la posibilidad de romper con el interbloque que conduce José Mayans. “Ya no somos 28”, dijeron cerca de la senadora.
Las próximas horas serán determinantes para definir si el peronismo pierde una legisladora o cinco. En cualquier escenario, la sangría dejará al único bloque netamente opositor aún más debilitado de cara a la sesión por la reforma laboral. En el PJ no hay optimismo siquiera para dilatar el debate, una estrategia evaluada semanas atrás, pero que requiere el respaldo de, al menos, 36 senadores. Con el margen de maniobra reducido, la oposición apunta ahora a suavizar el contenido del proyecto y a dejar abierta la vía judicial, con la expectativa de que la reforma sea impugnada por su manifiesta inconstitucionalidad.
El resto del temario
El resto del temario de extraordinarias corre el riesgo de pasar inadvertido. Sin embargo, el 11 de febrero el oficialismo también intentará avanzar con la aprobación de las modificaciones a la Ley de Glaciares, que obtuvo dictamen en diciembre y cuyo tratamiento está previsto incluso antes del debate de la reforma laboral. El cruce promete ser intenso. En medio de los incendios que castigan a la Patagonia, organizaciones ambientalistas advierten que los cambios propuestos representan un retroceso en la protección ambiental y un corrimiento del Estado en favor de intereses privados, en particular del lobby minero.
Pese a figurar en el temario, el acuerdo Unión Europea–Mercosur “no está en condiciones de ser tratado”, señalaron desde Unión por la Patria. “El texto todavía debe ser autenticado por el cuerpo diplomático de Paraguay, más allá de los reparos que aún plantea el propio Parlamento Europeo”, explicó una diputada de ese espacio a Página/12.
En el plano diplomático, el temario enviado por la Casa Rosada también incluye cuestiones tan relevantes, como el pliego para designar a Fernando Iglesias como embajador plenipotenciario ante la Unión Europea. Por las dudas Iglesias ya está instalado en Bruselas.
Fuente: Pagina 12
