Obligarán además a intervenir a las familias, como parte de un nuevo protocolo provincial para actuar ante estos hechos.
En las escuelas salteñas no existen estadísticas oficiales sobre casos de bullying o acoso entre estudiantes. Para intentar dimensionar el fenómeno, el Gobierno provincial dispuso la creación de un registro digital de intervenciones que deberán completar todas las instituciones educativas cuando detecten situaciones de violencia entre alumnos.
La Resolución 115/26 ordena un protocolo obligatorio de actuación para las escuelas públicas y privadas de la provincia y fija además la participación de las familias cuando se detecten episodios de acoso escolar. La ministra de Educación, Cristina Fiore, le dijo a El Tribuno que uno de los problemas detectados es justamente la falta de información sistematizada sobre estos episodios. «No tenemos estadística. Esa fue una de las razones por las que establecemos la obligatoriedad de registrar los distintos casos de bullying y llevarlos a conocimiento del ministerio», señaló.
El registro será centralizado por la Secretaría de Gestión Educativa y permitirá reunir datos sobre los tipos de situaciones que se presentan en las escuelas y su evolución en el tiempo. «Queremos conocer cuáles son los tipos más frecuentes de bullying, si se repiten en determinadas regiones o si hay conductas que se reiteran en toda la provincia», indicó la funcionaria.
La resolución fue publicada el 2 de marzo y el sistema comenzará a implementarse a partir de ahora, aunque el desarrollo de la herramienta digital todavía está en proceso. «Los equipos están trabajando para poner en funcionamiento el sistema», explicó Fiore.
El nuevo protocolo busca establecer un procedimiento uniforme para todas las escuelas frente a situaciones de violencia entre estudiantes. Salta cuenta con una ley provincial (8.406) orientada a prevenir y erradicar el bullying, pero esa norma no detallaba cómo debían actuar las escuelas ante casos concretos. «La ley define qué es el bullying y qué se quiere proteger, pero faltaba definir cómo actuar en los casos concretos. Eso es lo que establece este protocolo», explicó. Entre otras medidas, la resolución establece la obligación de que toda situación detectada sea registrada, incluso cuando se trate de episodios que no se consideren graves. «A veces se citaba a la familia o se hablaba con los chicos y no quedaba registro», admitió, y «ahora está la obligación de registrar absolutamente todo», remarcó.
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es la participación de las familias. Cuando se detecte un caso de acoso, la escuela deberá convocar tanto a los padres del estudiante afectado como a los del presunto agresor para abordar la situación y firmar un acta de compromiso. Si los padres no concurren a la escuela o no colaboran con el abordaje del conflicto, el protocolo prevé la posibilidad de recurrir incluso a la justicia.
Acoso por redes sociales y teléfonos
Desde el ministerio advierten que en los últimos años las situaciones de acoso entre estudiantes se vinculan cada vez más con el uso de redes sociales y teléfonos celulares. «Hoy el bullying no está dado tanto por agresiones físicas sino fundamentalmente psicológicas», explicó la ministra Cristina Fiore.
En ese sentido, mencionó casos detectados en escuelas donde se crean grupos de WhatsApp dedicados a burlarse de un compañero. El ministerio también mantiene conversaciones con la fiscalía especializada en ciberdelitos para abordar situaciones vinculadas con el uso de internet por parte de estudiantes. La creación del registro digital apunta a reunir información que permita orientar capacitaciones docentes y estrategias de intervención. En otras provincias también se avanzó con normativas vinculadas al acoso escolar. En Mendoza, por ejemplo, se aprobó la Ley 9682, que establece sanciones para padres o tutores que no intervengan ante situaciones de violencia protagonizadas por sus hijos.
fuente: El Tribuno
