La tragedia del nene de 5 años que murió atropellado profundiza el malestar social. El intendente Javier Wayar dice que hoy vuelve a tomar funciones en la comuna.
La muerte del pequeño Tomás Sotero Alancay, de apenas 5 años, ocurrida el domingo por la noche en pleno centro de La Merced, no solo dejó una herida abierta en la comunidad: también terminó de detonar una crisis latente que hoy combina dolor y malestar social, fragilidad institucional y una creciente especulación política.
El hecho -en el que el niño perdió la vida bajo las ruedas de la camioneta del intendente Javier Wayar- se transformó en un punto de inflexión. No por sí solo, sino como catalizador de una acumulación de reclamos que desde hace tiempo golpean contra una gestión municipal percibida como ausente, errática y muy distante de los vecinos.
Sin embargo, y pese al clima de conmoción interna, la posibilidad de una intervención provincial comenzó a diluirse en las últimas horas. La razón es estrictamente legal: no existen, al menos por ahora, causales objetivas que habiliten una medida de ese calibre. A diferencia de antecedentes anteriores en el Valle de Lerma, como el caso de Campo Quijano, en La Merced no hay deudas estructurales, ni denuncias formales por corrupción, ni un Concejo Deliberante paralizado.
Ese contraste también se extiende a otros municipios intervenidos durante la actual gestión provincial -como Morillo, Salvador Mazza o Aguas Blancas- donde las decisiones se sustentaron en desvíos de fondos, denuncias de enriquecimiento ilícito y conflictos políticos de alta intensidad. Nada de eso, al menos en términos formales, aparece hoy en La Merced.
Pero la política no se mueve solo por lo jurídico. En ese terreno, la tragedia abre una ventana distinta: la eventual responsabilidad -directa o indirecta- del intendente en el hecho podría derivar en un proceso judicial y, en paralelo, en un juicio político dentro del Concejo Deliberante. Un escenario posible, sobre todo si se considera que, de los siete concejales, cinco pertenecen a la oposición.
En el plano judicial, Wayar salió a instalar una versión que lejos de despejar dudas, abre nuevos interrogantes. La respuesta, por ahora, está en manos de la Justicia.
La alternativa de una intervención total -que incluya tanto al Ejecutivo como al Legislativo- también circuló en ámbitos políticos, aunque sin respaldo concreto.
Ese escenario terminó de enfriarse en las últimas horas, cuando la Cámara de Diputados de Salta rechazó tratar sobre tablas el proyecto que proponía intervenir La Merced. La iniciativa, impulsada por los propios legisladores del departamento y acelerada por el bloque de La Libertad Avanza, buscaba definiciones ante la urgencia del contexto, pero fue frenada por el oficialismo.
En La Merced crece un malestar social que ya no distingue responsabilidades jurídicas ni políticas.
En ese contexto, la figura de Wayar aparece cada vez más erosionada. Prometió retomar hoy sus funciones, aunque incluso dentro del municipio su presencia efectiva resulta tan incierta como su continuidad en el cargo.
La intervención se frenó. La crisis, en cambio, sigue abierta.
fuente: EL tribuno
