Tras un recurso de Vox e Iustitia Europa contra la instrucción que agilizaba la inscripción electoral, el alto tribunal congeló el censo en el exterior. El gobierno de Pedro Sánchez acusó al PP y a los ultras de buscar “robar el voto” a los descendientes del exilio republicano
La derecha española se niega a darles derechos políticos a los descendientes del exilio y la justicia le acaba de dar la razón. En una resolución de alto impacto que desató una tormenta institucional en Madrid, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España ha aceptado unas medidas cautelares solicitadas por el partido Vox y la plataforma también de extrema derecha Iustitia Europa. El fallo suspende temporalmente los efectos electorales de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para los ciudadanos en el extranjero que obtuvieron o tramitan la nacionalidad española a través de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la “Ley de Nietos”.
La decisión judicial no deroga la Ley de Memoria Democrática ni retira la ciudadanía a quienes ya la obtuvieron. La embestida de los sectores ultras se dirigió de manera específica contra la Junta Electoral Central (JEC) y contra la instrucción expedida por el Ministerio de Justicia que implementaba la norma. Dicha instrucción administrativa establecía una “presunción general de exilio” para facilitar los trámites de quienes abandonaron España durante la Guerra Civil o la dictadura franquista, sin exigir una prueba documental individualizada y minuciosa en cada expediente.
Atendiendo a los planteos de la extrema derecha sobre un incremento “anómalo” de más de 400.000 electores en el exterior, el Supremo resolvió congelar cautelarmente el padrón. De esta forma, los expedientes en trámite finalizarán su proceso de nacionalidad, pero no se darán de alta en el censo electoral hasta que no haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión. A su vez, a los ciudadanos que ya figuraban inscriptos se les congelará el derecho a voto hasta que la Oficina del Censo revise y certifique documentalmente que sus antepasados fueron efectivamente exiliados por razones políticas o persecución ideológica.
El fantasma de Buenos Aires
La trastienda de este fallo tiene como escenario protagónico a la Argentina. El Consulado General de España en Buenos Aires se convirtió en el epicentro global de la “Ley de Nietos”, acumulando más de 640.000 solicitudes presentadas.
Ese número masivo alimentó durante meses un encendido discurso entre la dirigencia del conservador Partido Popular (PP) y de los ultras de Vox. Desde la derecha española se llegó a instalar la hipótesis de que la masa de nuevos electores en la Argentina actuaría como una suerte de “tercera o cuarta provincia” con más peso electoral que la mayoría de los distritos peninsulares, ubicándose únicamente por detrás de Madrid y Barcelona.
Sin embargo, esa afirmación agitada por la oposición conservadora carece de sustento técnico debido a que los ciudadanos españoles que residen en el extranjero no votan en un distrito electoral propio llamado “Buenos Aires”. Cada voto emitido en el exterior se asigna de manera estricta a la provincia española donde residieron sus antepasados (como Galicia, Asturias, Madrid o Andalucía). Además, debido al volumen físico de expedientes en las oficinas consulares argentinas, la revisión documental completa demandará años de tramitación y es posible que muchos de ellos se acaben resolviendo en la próxima década.
El fallo judicial provocó un fuertísimo cruce político en el Congreso de los Diputados. Durante la primera sesión de control al Gobierno, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cruzó a las bancadas conservadoras y rechazó la decisión del tribunal. “No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo”, aseveró Sánchez, señalando que la alianza entre el PP de Alberto Núñez Feijóo y la ultraderecha busca “cercenar el derecho al voto” de miles de ciudadanos para reinstaurar una división inaceptable entre “ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.
“Esta ley lo que hace es recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, la cual sufrió un golpe de Estado precisamente por aquellos cuyos descendientes hoy tratan de restar derechos de ciudadanía”, remarcó el presidente español, que acusó abiertamente a las derechas de querer “robar el voto” a los descendientes de los represaliados.
Las críticas también se multiplicaron dentro del bloque progresista de Sumar. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, afirmó que resulta “ajeno a una democracia” que un tribunal defina qué ciudadano con pasaporte puede ejercer el voto o no. Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, tildó la cautelar de “auténtico despropósito” y criticó la deriva “trumpista” de la oposición por sembrar permanentes dudas sobre la transparencia del sistema electoral.
Mientras, en las formaciones de derecha celebran haber conseguido frenar un “pucherazo” (fraude) en las próximas elecciones mediante una alteración sustancial del censo electoral. Sin embargo, la embestida tiene también un componente fuertemente ideológico. Existe una clara intención de deslegitimar los procesos electorales y recortar los avances en materia de memoria histórica y reparación para los descendientes de la emigración. El PP exige ahora responsabilidades al Ejecutivo, aunque desde el oficialismo se recuerda que dirigentes del PP habían viajado a Buenos Aires años atrás para prometer facilidades en las nacionalizaciones.
Hoy, ante la perspectiva de las próximas citas con las urnas, la resolución del alto tribunal impone un cerrojo judicial y burocrático que priva a miles de nuevos españoles en todo el mundo del ejercicio pleno de su ciudadanía
fuente: Pagina 12
