Salta fue parte de un operativo internacional por una red de tráfico de material de abuso sexual infantil. Se realizaron múltiples allanamientos en todo el país.
Luz de infancia IX se denomina el operativo internacional que tiene el objetivo de desbaratar una red de distribución por internet de material de abuso sexual infantil. En Salta, hubo un allanamiento, durante la mañana del jueves, Salta bajo las órdenes del fiscal Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Pablo Rivero.
Los operativos se realizaron en forma simultánea en las distintas localidades del país, coordinados por las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad a través de la Red 24/7 para desbaratar una red de tráfico de material de abuso sexual infantil.
La cadena de la pornografía infantil, que incluye la producción, financiación, ofrecimiento, comercialización, distribución, entre otros, es atacada en el país desde que la persona tiene en su poder el material. La tenencia de estas imágenes se incluyó en el Código Penal en el 2019, dado que es una parte fundamental para las redes por las que circulan este tipo de archivos.
“Lamentablemente Argentina es uno de los países con mayor consumo de explotación sexual infantil”, advirtió el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques en una conferencia de prensa que se realizó este jueves en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño.
De los 70 allanamientos que se hicieron, 15 fueron en la Ciudad y 18 en la provincia de Buenos Aires. También en domicilios en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Chaco, San Juan, Misiones, Neuquén, Salta, Formosa, Jujuy y La Pampa.
“La mayor cantidad de estos materiales se encuentran por lo general en la provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba”, destaca la fiscal especializada en Delitos Informáticos, Daniela Dupuy.
Los allanamientos se hicieron luego de que el software P2P (peer to peer o red entre pares) captara a usuarios descargando y compartiendo material con contenido de explotación sexual infantil. Fue en el marco de la investigación Protected Childhood que fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil en 2017.
