La pandemia y el aislamiento llegaron tras 18 meses de caída del empleo total y cuando el empleo privado asalariado se encontraba en el nivel más bajo desde 2010.
A medida que aparecían los primeros casos de Covid-19 en el país, el gobierno comenzó a poner restricciones a la circulación de personas cada vez más fuertes, hasta que pocos días después se estableció un aislamiento obligatorio en todo el país con pocas excepciones y alto control de la movilidad.
De esta forma, la mano de obra, factor fundamental de la producción, quedó en cuarentena en (casi) todos los sectores de actividad, paralizando (casi) por completo la economía. La contracara de la parálisis económica es la caída en los ingresos de la población, que se verán afectados por distintas vías según sea el tipo de ocupación y/o sector de actividad.
En la Argentina, hay aproximadamente 20.3 millones de personas ocupadas de las cuales unos 10,5 millones son asalariados formales (6.7 millones en el sector privado y 3.8 millones en el sector público) y 2,3 millones son cuenta propistas registrados; el resto -alrededor de 7,5 millones de individuos- tienen empleos informales, ya como trabajadores asalariados (4,8 millones) o por cuenta propia (2,8millones).
Exceptuando a los asalariados registrados y los trabajadores inscriptos como autónomos (unos 400 mil), el resto de los trabajadores, es decir alrededor de la mitad, no tendrían un ingreso asegurado en el corto plazo o ahorros para hacer frente a una situación de inactividad”.
Dentro de los trabajadores por cuenta propia registrados, más del 80% son monotributistas, de los cuales cerca de la mitad está registrado en las dos categorías más bajas, lo que denota que son trabajadores de bajos ingresos, aunque también puede ser que no los registren todos. En principio, se podría inferir que, exceptuando a los asalariados registrados y los trabajadores inscriptos como autónomos (unos 400 mil), el resto de los trabajadores, es decir alrededor de la mitad, no tendrían un ingreso asegurado en el corto plazo o ahorros para hacer frente a una situación de inactividad.
Del universo de los trabajadores formales del sector privado, sólo alrededor de 2 millones estarían en sectores que durante la cuarentena están habilitados para continuar con la actividad. El resto, (dos tercios de los asalariados registrados privados) debería seguir cobrando los haberes y manteniendo su empleo, dada la prohibición de despidos establecida por decreto. Sin embargo, en la medida en que las empresas que los ocupa no tengan ingresos por estar paralizadas o tengan dificultades para conseguir insumos por las dificultades de distribución, la percepción de sus haberes podría estar también comprometida.
Es decir que, sobre un total de 20 millones de trabajadores, con certeza poco más de seis millones no van a tener ninguna dificultad para tener ingresos durante el aislamiento. El resto, dependerá de cuanto margen tenga la empresa para sostener la ocupación.
La respuesta oficial
Ante esta situación compleja y teniendo en cuenta que la pandemia en Argentina se desata tras 18 meses de caída del empleo total y cuando el empleo privado asalariado se encontraba a fin del año pasado en el nivel más bajo desde el año 2010, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas para paliar la reducción de ingresos en la emergencia. Una de éstas es el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción como apoyo al sector productivo privado. Está orientado a empresas que pertenezcan a actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan y/o tengan una cantidad relevante de trabajadores contagiados o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral y/o con una sustancial reducción en sus ventas; están excluidos los sectores exentos del aislamiento obligatorio.
