Gran parte por falta de devolución de IVA de inversiones. El Gobierno impulsa una ley para incentivar el sector.
Con el propósito de reactivar la industria automotriz, el Gobierno presentó envió al Congreso un proyecto de ley que busca incentivar las inversiones del sector.
La iniciativa venía demorada desde hace meses, debido a la puja interna entre los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía, por el financiamiento de las medidas que se incluyen.
Se oficializa así una parte importante de la estrategia oficial para el desarrollo automotor.
En 2020, Ámbito había adelantado los puntos principales de este proyecto, que ahora se debatirá en el Parlamento.
La medida consta de distintos incentivos que van desde la devolución anticipada del IVA, que pagan las inversiones, hasta la amortización acelerada de capital, la eliminación de retenciones a las exportaciones para nuevos proyectos y la creación de un Instituto de la Movilidad, que tendrá el objetivo de armonizar medidas para mejorar la productividad de forma sustentable. Estará conformado por participación pública y privada y financiado con los impuestos que pagan los autos importados de extrazona.
Quedan pendientes dos proyectos importantes como la Ley de Electromovilidad y la de desguace para los vehículos que se sacan de circulación.
Lo que se impulsa ahora es una propuesta de buenas medidas que deberán confirmarse en la realidad. De hecho, la experiencia muestra que el Estado argentino no suele cumplir con sus compromisos.
Uno de los puntos más importantes es el de la devolución del crédito fiscal que generan las inversiones. Cuando una empresa decide destinar fondos para un nuevo desarrollo industrial, casi todo lo que paga tiene el recargo del IVA, que después debe ser recuperado. Por ejemplo, todo lo que atañe a herramental y matricería.
En realidad, este mecanismo ya existe pero no se cumple en tiempo y forma y lo que provoca es que las automotrices acumulen un saldo a favor millonario.
En la actualidad, el último cálculo realizado por el sector, en julio pasado, estimó que la deuda que tiene el Estado con las empresas asciende a $35.000 millones.
El problema es que la devolución de ese dinero, por los problemas fiscales de actual Gobierno y del anterior –incluso, también, de administraciones previas – no se concreta y, a medida que las automotrices realizan nuevas inversiones, el monto aumenta.
Este proyecto dice que, ahora, habrá un mecanismo más rápido de reintegro.
De todas maneras, habrá que esperar para ver su funcionamiento en la práctica.
En el texto de la iniciativa hay un punto que no estaba previsto en la idea original que planteaba una devolución automática. Se aclara en el proyecto que el Ministerio de Economía será el encargado de fijar un cupo anual de dinero a devolver, por lo que la rapidez de devolución dependerá de cómo marchen las cuentas fiscales.
Lo que provoca la no devolución de este crédito fiscal es que las empresas deben incorporar como costo el monto que representa el pago de ese impuesto que no es recuperado.
Se supone que, con esta nueva ley, podrán imputarlo de forma diferente.
A esta abultada deuda, se suman otros $15.000 millones que corresponden al IVA de libre disponibilidad, Ingresos Brutos y una alícuota para bienes de capital.
Es decir, el Estado tiene una deuda total con el sector de unos $50.000 millones por impuestos que cobró pero tendría que haber devuelto.
Al cambio oficial, representan unos u$s500 millones, el equivalente a lo que invierte una automotriz para radicar un nuevo modelo en el país.
También el punto sobre la eliminación de retenciones a las exportaciones que generen nuevas inversiones es un tema a seguir. Cuando la necesidad de ingresos es fuerte, se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano.
