La escalada de amenazas de tiroteos en escuelas de Salta, en sintonía con episodios registrados en otras provincias, encendió esta semana una alarma institucional que ya tuvo derivaciones judiciales, con cuatro detenidos y dos demorados, en su mayoría menores.
En diálogo con El Tribuno, la ministra de Educación, Cristina Fiore, analizó el trasfondo de estos hechos, defendió la respuesta oficial y planteó un eje central: la corresponsabilidad entre escuela y familia. También abordó el impacto de las redes en los adolescentes, la regulación del uso de celulares en el aula y los desafíos de un sistema educativo atravesado por problemáticas sociales cada vez más complejas.
Ministra, en un contexto de preocupación de los padres, ¿qué está pasando en las escuelas con estas amenazas virales?
Efectivamente, esto primero pasó en una escuela de capital, posteriormente se sumaron otras escuelas, algunas del interior, y además en todo el país. Estamos hablando de situaciones en CABA, Córdoba, Mendoza, en distintas provincias, casi al mismo tiempo. Se detectaron pintadas, en algunos casos en baños u otros sectores de los establecimientos, donde básicamente se anunciaban supuestos tiroteos, con día y hora. Obviamente, esto, asociado a episodios de violencia que ya vivimos en la provincia de Santa Fe, encendió todas las señales de alarma.
Yo quiero llevar tranquilidad a las familias, porque en nuestra provincia las clases se desarrollaron con total y absoluta normalidad. Y esto, creo, fue gracias a la intervención del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal, porque, esto no es un chiste. No es un desafío viral. Puede llegar a ser un delito de amenaza o de intimidación pública, y con ese peso y esa responsabilidad lo tomó la Provincia.
Gracias al accionar serio, responsable y oportuno de los directores, que aplicaron la normativa vigente desde el Ministerio de Educación y dieron inmediata intervención a las autoridades. Estas actuaron con mucha decisión y firmeza. Al día viernes había cuatro detenidos y dos demorados, uno de ellos de Rosario de la Frontera y los otros de Salta Capital.
¿Por qué se los detiene? ¿Qué hicieron concretamente?
Es muy importante aclararlo: no se trata solamente de una pintada. Se han allanado domicilios, se analizaron celulares y grupos de WhatsApp donde había amenazas concretas. En algunos casos incluso se mostró la foto de un arma. Es decir, hubo situaciones que exceden ampliamente una pintada y que motivaron la intervención de la Justicia en esta etapa de investigación.
¿Por qué cuatro detenidos y dos demorados?
Tiene que ver con la situación respecto de la libertad. Los detenidos son aquellos en los que se encontraron elementos que permiten presumir la posible comisión de un delito, como amenaza o intimidación pública. Los demorados están en una instancia previa, mientras se realizan averiguaciones. Esa situación puede derivar en la liberación si no hay elementos, o en la detención si aparecen pruebas.
¿Qué edades tienen los implicados?
Son menores en su mayoría. Hay un caso de 18 años, otro de 17, y otros de menor edad.
¿Puede precisarse en qué escuelas ocurrió?
Prefiero no hablar de los colegios. Pero sí quiero destacar dos cuestiones: por un lado, la actuación oportuna de los directores, que se comunicaron de inmediato con la policía y el Ministerio; y por otro, el rol de la familia. Para mi es clave. Estamos viviendo situaciones sociales sumamente complejas, con hechos de violencia que vemos todos los días. La escuela quizás no genera esa violencia, pero sí tiene esa repercusión. Entonces, la escuela sola no puede. Si no está la familia acompañando, es muy difícil abordar un problema que claramente es social. No nos desentendemos de nuestra responsabilidad, pero necesitamos trabajar en conjunto.
Más allá de las diligencias de la Fiscalía y la Polícia ¿Cómo trabajó el Ministerio de Educación?
Sí. Desde el año pasado creamos un programa, una unidad específica de prevención de la violencia en las escuelas, Upace (Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa), que está a cargo de Susana Urdinez. Trabajamos en la capacitación de docentes y equipos directivos, y en la concientización de los estudiantes. En las escuelas se abordan temas como bullying, grooming, ciberacoso y violencia entre pares.
Sacamos un protocolo específicio, el Protocolo 115, que se implementó el 2 de marzo de este año. Establece claramente cómo deben actuar los equipos directivos ante situaciones de violencia: dar aviso inmediato a las autoridades, convocar a las familias, no de nombres de chicos y, según la gravedad, dar intervención a organismos como la asesoría de menores o el POE. También contempla qué hacer si la familia no colabora.
Ministra, ¿qué fue lo que encendió la alerta: las pintadas o hubo otros elementos?
Empezó con las pintadas, pero también con las redes sociales. Hoy hay un tema muy importante con el alcance de las redes, y en ese sentido nosotros tenemos un convenio con el Ministerio Público Fiscal. Estamos trabajando con los fiscales, especialmente con la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo, en todo lo que tiene que ver con el uso de redes y la trazabilidad de los mensajes.
Muchas veces los chicos creen que están en una situación de anonimato, y eso no es tan así en las redes sociales. Hay equipos especializados que pueden determinar de dónde salieron los mensajes, hacer la trazabilidad con los celulares, incluso cuando se borran cosas porque pueden quedar en la nube. En redes sociales, incluso para los adultos, a veces se pierde la noción de qué es verdad y qué es mentira, porque todo parece posible.
¿Qué pasó en los colegios donde hubo alertas? Había versiones de requisa de policía a los chicos.
Para llevar tranquilidad a las familias, el Ministerio Público Fiscal dispuso el acompañamiento de la policía. Teníamos siete denuncias concretas. Hubo presencia policial y controles en el ingreso para llevar tranquilidad a las familias. Sobre requisas, escuché versiones, pero no tengo confirmación. Si se realizaron, debieron contar con autorización judicial. Quiero marcar dos cosas, la actuación me apareció oportuna y además las clases (el viernes) se realizaron con normalidad.
Circuló la versión de que no se computaban las faltas o que no había clases…
Corrieron muchas versiones. Se dijo que no corrían las faltas o que algunos colegios muy importantes de Salta no tenían clases. Nada que ver. Hablé con directivos y las clases se desarrollaron con total normalidad. Hoy, a través de redes o grupos de WhatsApp, se generalizan mensajes que no necesariamente son reales.
Más allá de lo penal, ¿hay sanciones dentro del sistema educativo? En mi época existían las amonetaciones y la expulsión.
Existe una resolución de 2023 que prioriza la contención pedagógica. Se busca no excluir a ningún chico.
¿Siguen existiendo las amonestaciones?
Las amonestaciones siguen existiendo, pero hoy en día son la excepción, no la regla. En algunos casos, sobre todo en colegios privados, todavía se aplican. De todos modos, vamos a analizar cada caso concreto. No solo sancionar, sino también reeducar. Si uno se queda solo en la sanción, el chico puede terminar más enojado. Lo importante es que reflexione sobre el daño que provoca. Hubo un enorme despliegue del Estado: policías, docentes, fiscales. No es un tema menor.
Se puede, por ejemplo, cambiar al alumno de escuela para que continúe su formación, pero sin excluirlo. Lo importante es trabajar con el chico y con la familia para que esto no vuelva a ocurrir.
Usted insiste en el rol de la familia…
Sí, es central. En muchos casos el común denominador es la ausencia de la familia o situaciones de vulnerabilidad muy complejas. Muchas familias atraviesan situaciones muy difíciles. No se trata de juzgar, sino de entender. Cuando hablo de familia, hablo de un adulto presente, que se interese por lo que le pasa al chico.
¿Cuál es el rol de los docentes en ese escenario?
Es fundamental. A veces el docente es el único adulto que le dice a un chico «yo creo en vos». Ese empujón puede hacer la diferencia.
Ministra, hay una fuerte dependencia de los chicos con el celular. ¿Cómo se está aplicando la normativa que lo regula en las escuelas?
Es cierto, el celular hoy es casi una extensión de la mano. Cuando salió la normativa, incluso yo me preguntaba cómo se iba a aplicar, porque muchos padres lo usan para distraer a los chicos. Existe una normativa específica: en el nivel inicial y primario está prohibido, y en el secundario está permitido solo como herramienta pedagógica, cuando el docente lo requiere.
¿Cómo se controla eso en la práctica?
Ese es el gran desafío. Nosotros apostamos primero a la concientización. Hay experiencias concretas, como en una escuela de Molinos, donde los chicos dejan los celulares en una caja al ingresar y los retiran al salir. Hasta ahora no aplicamos sanciones, sino que trabajamos en explicar los beneficios de esta medida.
Está demostrado que sin estar pendiente del celular se mejora la atención de los chicos y también que vuelven a interactuar. Antes, en los recreos, los chicos jugaban y compartían. Hoy, con el celular, cada uno está en su mundo. Al retirarlo, se recupera esa interacción, y eso es muy positivo.
Terminada la etapa de concientización, los supervisores van a empezar a controlar y verificar si se cumple la normativa. Y, en caso de incumplimiento, hay sanciones previstas. Pero nuestra prioridad no es sancionar, sino generar conciencia.
También se habla del impacto del celular en la ansiedad de los chicos…
Sí, hay estudios que lo muestran. Incluso hay un libro que se llama Generación ansiosa, que explica cómo la inmediatez y el consumo constante de contenidos afectan la tolerancia a la frustración. Antes uno esperaba un programa de televisión, hoy todo es inmediato, se pasa de un contenido a otro sin pausa, y eso tiene consecuencias.
¿Qué pasó con el caso del chico que llevó un machete a la escuela?
Ese caso está judicializado. El chico está bajo resguardo de la Justicia, en un hogar, y desde el Ministerio garantizamos su derecho a la educación. Está asistiendo a otra escuela. Es un caso de vulnerabilidad social muy compleja y ya había tenido antecedentes de problemas de conducta en otras instituciones.
¿Y el caso de la escuela Sosa, donde se habló de que chicos miraron contenido para adultos?
Está interviniendo la Upace. Se hicieron instancias de mediación y se está trabajando con las familias. Los chicos involucrados no están asistiendo a la escuela, están recibiendo clases en sus domicilios mientras se investiga qué ocurrió realmente. Hay muchas versiones y nosotros debemos actuar con responsabilidad, porque se trata de menores, en este caso de nueve años.
En un primer momento se habló de un posible abuso…
Eso quedó descartado. Lo que se investiga es el acceso a material inapropiado, pero siempre con el cuidado necesario porque estamos hablando de menores, tanto quienes accedieron como quienes pudieron haber sido afectados.
Para cerrar, ¿qué mensaje le deja a la comunidad?
Que esto es un compromiso colectivo. Lo más valioso que tenemos son nuestros chicos. La escuela no puede sola. Es fundamental el rol de la familia, el acompañamiento, el estar atentos a lo que les pasa, a sus preocupaciones y a sus vínculos.
¿Qué implica ese acompañamiento en lo concreto?
Implica poner límites, también. Los límites son una forma de decir «te quiero». Controlar el uso del celular, los horarios, las amistades. No se trata de invadir, sino de acompañar. Los chicos no pueden sentirse solos. Si trabajamos juntos, estoy convencida de que vamos a poder salir adelante.
fuente: El Tribuno
