El régimen de compre y contrate salteño va a cumplir diez años y aún no fue reglamentado; establece prioridades para la actividad local en las licitaciones.
La Unión Industrial de Salta reclama la reglamentación del Régimen de Compre y Contrate Salteño, una ley sancionada en 2010 y que desde entonces permanece cajoneada en algún escritorio del Poder Ejecutivo provincial.
La ley 7645 había sido sancionada con el propósito de estimular la producción y el comercio local y generar mano de obra y valor agregado salteños. De acuerdo con ese espíritu, se establece que los organismos de todos los estamentos del Estado y las sociedades estatales y mixtas deben dar preferencia al origen local en la contratación de bienes, obras o servicios, y en el otorgamiento de concesiones.
Por ese motivo califica como “referente local” a la empresa que, con dos años de antigedad acreditada en la provincia, se encuentre inscripta en los registros de la actividad, tenga su sede social en nuestro territorio y tenga al día el pago de impuestos provinciales.
La ley define como “bien local” al que haya sido o producido en Salta, siempre que el costo de materiales, insumos y mano de obra supere o iguale el 40% del valor bruto. En las licitaciones y concursos de precios para las contrataciones, los oferentes locales cuya oferta sea levemente superior a la más ventajosa de las presentadas (entre el 3% y el 8%, según los casos), se le brindará al primero la posibilidad de mejorar su oferta. La ley resulta simple en cuanto a sus objetivos y requiere un decreto reglamentario urgente y perentorio que despeje cualquier equívoco.
El miércoles, en la sede de la UIS, la presidenta Paula Bibini encabezó una reunión del departamento de Legislación de la que participó el diputado provincial Julio Moreno. En la tradicional casa de la calle Leguizamón estuvieron los empresarios Franco Crivelli, Daniel Zozzoli, Hugo González, el presidente de la Cámara de Minería, Iván Gómez, Armando Galloni, Juan Gómez Naar, y el director de la UIS, Abel Fernández Castro. De inmediato, la entidad fabril convocó a los asociados a elevar sugerencias sobre los aspectos que cada sector de la actividad requerirá del reglamento para alcanzar los objetivos. A partir de esa información se hará llegar una propuesta al gobierno.
Durante el encuentro, Paula Bibini puso de relieve que “reglamentar esta norma seré un gesto de decisión política de acompañar a la industria salteña, y un reconocimiento de que se trata de la mayor fuente de generación de empleo privado de la provincia”.
Durante la reunión quedó en evidencia la necesidad de las empresas de que la provincia defina un proyecto productivo de largo plazo, que trascienda a las adversidades de una coyuntura signada por la falta de crédito, una recesión que ya lleva una década, la ausencia de estímulos y el debilitamiento progresivo del mercado. Ese proyecto incluye la incorporación de las nuevas miradas que impone el avance tecnológico, que no solo modifica la estructura del sistema productivo, sino que también establece nuevas pautas para la formación y la autoformación profesional de los futuros empleados. Al concluir, el diputado Moreno reseñó: “reglamentar esta ley significa defender en serio los intereses de Salta y de los salteños, por encima de las presiones que puedan ejercer las competencias de afuera. Si no generamos valor agregado, todo lo que hagamos en materia económica será ilusorio”.
