La transformación del suicidio del fiscal en homicidio fue una de las operaciones más perversas del dispositivo de persecución integrado por servicios, medios y periodistas emblemáticos y funcionarios judiciales.
“Iba a presentar una denuncia contra el gobierno y apareció muerto, ya está, no hay nada que agregar”. Está el prejuicio, la prepotencia, la intención. Y una pauta de la monstruosidad que puede cometer la manipulación de la información y el “periodismo de guerra”, un concepto que inventaron los que lo ejercían. La afirmación del encabezado es un resumen de golpes bajos, inexactitudes y simplificaciones groseras. Es el único sostén de la hipótesis de que a Alberto Nisman lo mataron: un crimen virtual, sin rastros de asesinos, con presencias imposibles, sin datos ni motivo, crimen virtual, asesino virtual, pruebas virtuales. Solamente es una frase que busca la complicidad en el prejuicio: “iba a presentar una denuncia contra el gobierno y lo mataron”. No puede tener ninguna prosecución legal, solamente impacto político.
Las pruebas que determinan el suicidio y rechazan la posibilidad de homicidio han sido muy desarrolladas por Raúl Kollmann en varias notas de este diario; en el libro de Pablo Duggan están analizadas hasta el mínimo detalle, y en el reciente documental de Netflix queda expuesta la solvencia profesional de la fiscal Viviana Fein, que fue despedazada por los medios y finalmente apartada de la causa simplemente porque no se doblegaba al discurso que quería instalar la campaña mediática.
Lo más importante fue el resultado del peritaje realizado por los trece médicos forenses dependientes de la Corte. Se trata de un equipo acostumbrado a realizar este tipo de estudios, a diferencia de Gendarmería, que investiga otros delitos y no tiene esa experiencia, y que realizó el peritaje dos años después y en un escenario falso porque el original ya no existía. La jefa de Gendarmería era en ese momento Patricia Bullrich, la misma que en 2015 perseguía por teléfono a Nisman para que se presente a la audiencia en el Congreso. Primero presionó a Nisman hasta lo imposible y después ordenó a Gendarmería que realizara un peritaje cuyas conclusiones fueron las que ella quería, contradiciendo a los peritos de la Corte.
El gobierno de Cristina Kirchner era al que menos le convenía la muerte del fiscal. El macrismo había convocado a Nisman a informar en una sesión parlamentaria secreta. En vez de obstaculizar la reunión, el kirchnerismo logró que el informe fuera público. El kirchnerismo quería que se hiciera esa reunión porque sabía que el fiscal no tenía pruebas y había quedado en una situación desesperada después que el ex titular de Interpol, Richard Noble, lo desmintiera y acusara de mentiroso.
La frase que da a entender que el gobierno kirchnerista lo mató, miente por varios motivos. En primer lugar porque nadie lo mató. Y en segundo lugar porque el gobierno kirchnerista quería que fuera a hacer la denuncia al Congreso. En realidad este escenario con Nisman muerto le convenía más a los que impulsaban la denuncia de Nisman porque su comparecencia pública podía desnudar la operación sin pruebas que habían montado los servicios de inteligencia en la causa por el memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.
La misma hipótesis del suicidio de Nisman debilitaba la causa del memorándum, en la que confluían diferentes intereses locales y geopolíticos, representados por sus respectivos servicios de inteligencia. Nisman era un fiscal muy ligado a la ex SIDE de Jaime Stiuso.
La transformación del suicidio en homicidio fue una de las operaciones más perversas del dispositivo de persecución integrado por servicios de inteligencia, la corporación de medios y sus periodistas emblemáticos y funcionarios judiciales. Sin pruebas ni antecedentes. Durante el gobierno kirchnerista no se habían producido hechos de violencia política y sin embargo la campaña se basó en un clima virtual como si la hubiera habido. Torcían la realidad hasta hacer creíble que realizara un crimen descarado.
Pasaron cinco años desde 2015 y Patricia Bullrich y el inefable diputado del PRO Waldo Wolff son los principales impulsores del acto que se realizará este sábado por Nisman. Los dos son dirigentes del PRO, una fue ministra y el otro es diputado por esa fuerza. Elisa Carrió, diputada y líder de la Coalición Cívica es otra de las encargadas de fogonear el homenaje.
La credibilidad de esa historia es equivalente a la credibilidad de sus referentes, en este caso Bullrich y Wolff, dos representantes de la línea dura del PRO, dos dirigentes cuya credibilidad se circunscribe a los que piensan como ellos. Son personajes tan perfilados y tan involucrados en los hechos, que no sólo demuestran que la credibilidad es poca, sino que además le restan credibilidad.
El lugar tan destacado que ocupan ambos personajes remite también a los factores que más pesan en esta historia. No son los conocimientos legales, ni la cercanía con la víctima, ni la afinidad profesional. Bullrich y Wolf expresan que fue la política la que primó en la construcción de este mito perverso. Es lo que ellos representan. Esa alquimia de suicidio a homicidio tuvo el entramado de una operación política pura, por eso pesan más los políticos.
El presidente Alberto Fernández ya estuvo en México como presidente electo y en la Bolivia de Evo Morales. La próxima semana viajará a Israel, ya como presidente en funciones, para participar en el Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo.
Hasta ahora el peronismo suscribió a nivel diplomático la “solución de los dos Estados”, israelí y palestino. Pero no ha sido buena la relación con el gobierno derechista de Benjamin Netanyahu que rechaza el derecho al Estado Palestino y que estuvo involucrado en Argentina en las operaciones destituyentes relacionadas con la causa Nisman y por el memorándum con Irán.
Ninguna de esas dos causas tiene sustento legal y así como en la sociedad fue cayendo la credibilidad de las acusaciones, sucederá lo mismo en la instancia legal. Aunque la excusa del viaje apunte a la realización del Foro para la recordación del Holocausto, lo más probable es que la visita presidencial se vincule con esa perspectiva.
De todos modos es un viaje polémico. Las colectividades musulmana y judía locales son numerosas y conviven en paz. Los gobiernos peronistas, con excepción del menemismo, han evitado realizar movimientos que puedan importar el conflicto desde el Medio Oriente. Y Netanyahu despliega una política muy agresiva que ha seducido a un sector conservador de la colectividad judía local que se unió a las posiciones más reaccionarias del PRO, discriminatorias de ciudadanos musulmanes a los que han equiparado con terroristas.
La transmutación del suicidio de Nisman en homicidio –un proceso en el que todo es virtual, apoyado en conjeturas, suspicacias y prejuicios injustificados– constituye otra muestra de la construcción de relatos para descalificar y perseguir opositores, muchos de los cuales terminaron en prisión.
En los últimos días recrudecieron los pedidos al gobierno por la libertad de los presos políticos. Se realizó un acampe en el Obelisco y el tema surgió en entrevistas periodísticas a Alberto Fernández. Hubo una polémica sobre si se trata de presos políticos o no. Ninguna de las causas dice: “a usted se lo acusa por ser kirchnerista o peronista”. Desde el punto de vista técnico no están en la cárcel por su ideología.
La perversión del lawfare ha sido atacar al enemigo por su ideología, pero inventándole causas por delitos comunes, en su mayoría por corrupción. Pero también pueden ser por “traición a la patria”, como intentaron en la causa por el memorándum, o puede ser por asesinato, como era la intención con la causa Nisman. El lawfare se inventó para que no se los considere presos políticos. Técnicamente puede ser que no lo sean, pero las causas son tan forzadas por el esquema que se ha descrito, que indudablemente son perseguidos políticos.
El presidente reconoció que existe esa injusticia, pero al evitar la calificación de presos políticos y señalar que se trata de “procesos irregulares”, está indicando que el procedimiento para resolverlo estará en las instancias judiciales más altas. Concretamente se refirió a la Corte. Cada día que pasa, esa injusticia se profundiza.
