El juicio oral por el siniestro vial que sacudió a Salta se realizará entre el 13 y el 30 de abril. Luciano López llega acusado por la muerte de cinco personas y por causar lesiones a otras seis, en un caso que las familias definen como una «masacre».
A dos años del siniestro vial ocurrido sobre avenida Paraguay, una de las tragedias más dolorosas que golpeó a la ciudad de Salta en los últimos tiempos, la causa judicial entra en una etapa clave. Entre el 13 y el 30 de abril se desarrollará el juicio oral contra Luciano López, señalado como el principal responsable del hecho.
El debate estará encabezado por la jueza Gabriela Romero Nayar y buscará determinar la responsabilidad penal del acusado, imputado por homicidio simple en cinco hechos, además de lesiones graves y leves en concurso ideal.
Según la investigación, durante la madrugada del 17 de marzo de 2024 López conducía a gran velocidad y bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del vehículo en una zona donde circulaban numerosos jóvenes que salían de locales bailables. En ese momento embistió a Ruth Tabarcache, Sergio Veizaga, Florencia Acosta, Karen Marín y Nahuel Brian Digan. Algunas de las víctimas murieron en el lugar y otras fallecieron más tarde en el hospital. Además, otras seis personas resultaron heridas.
El dolor de las familias
En la previa del juicio, el reclamo de justicia vuelve a tomar fuerza entre los familiares de las víctimas, que desde hace dos años cargan con una herida imposible de cerrar.
Hugo Tabarcache, padre de Ruth, aseguró que lo ocurrido fue una «masacre» y describió el sufrimiento que atraviesan desde aquella madrugada. «Desde ese día tengo un vacío tremendo en mi vida. Todas las familias estamos atravesadas por esta pérdida, por el daño moral que es inmenso», expresó en diálogo con nuestros colegas de El Tribuno.
Con la mirada puesta en el juicio, remarcó que esperan una condena ejemplar. «Que esto sea un punto de inflexión en Salta, que siente jurisprudencia, que marque un antes y un después», sostuvo.
También insistió en la necesidad de generar conciencia sobre el consumo de alcohol y drogas al volante. «Que las personas que consumen alcohol o drogas piensen muchas veces antes de manejar. Esto no puede volver a pasar», afirmó.
Al recordar a su hija, la emoción volvió a ganar sus palabras. Ruth estaba por recibirse como profesora en Ciencias de la Educación y tenía un fuerte compromiso social. «Quería ayudar a jóvenes con problemas de adicción, tenía un corazón enorme. Era muy comprometida, muy social. El vacío que dejó es imposible de llenar», contó.
Cómo se preparan para el juicio
De cara al inicio de las audiencias, las familias comenzaron a organizarse para poder estar presentes durante todo el proceso. Muchas de ellas viven en el interior de la provincia o incluso fuera de Salta, por lo que deben afrontar importantes gastos de traslado y estadía.
Para poder acompañar cada jornada del debate, impulsan rifas, bingos y distintas actividades solidarias. «Queremos acompañar todos los días, aunque sabemos que va a ser duro escuchar ciertas cosas. Pero necesitamos estar ahí», señaló Tabarcache.
Además, pidieron el acompañamiento de la sociedad salteña para que el caso no quede en el olvido. «Queremos que esto no quede en la nada, que haya una presión social para que se haga justicia», agregó.
La postura de la querella
El abogado querellante Leonardo López, que representa a las familias junto al letrado Miguel Fernández, anticipó que la acusación buscará demostrar que no se trató de un accidente causado por una simple negligencia, sino de una conducta con dolo eventual.
«Vamos a probar que Luciano López era consciente del riesgo que implicaba su conducta. Circulaba a más de 100 km/h en una zona donde la máxima es 60, a las cinco de la mañana, con gran cantidad de peatones y bajo efectos de alcohol y estupefacientes», explicó.
La querella planea presentar más de un centenar de testigos, además de informes técnicos sobre velocidad y pericias accidentológicas. Para la representación de las familias, estos elementos permitirán acreditar el «desprecio por la vida» con el que habría actuado el acusado.
La pena que podría recibir
El delito de homicidio simple prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Aunque la querella todavía no definió el monto exacto que solicitará, adelantó que no pedirá el mínimo por la gravedad del caso y por la cantidad de víctimas fatales.
En paralelo, también sigue adelante una causa civil, en la que las familias buscan una reparación económica que les permita afrontar tratamientos psicológicos y otros daños derivados de la tragedia.
Fuente: Que Pasa Salta
