En el inicio de año que lleva “más femicidios que días”, la semana pasada llegaron a Salta mujeres de todo el NOA para el IV Foro Federal Participativo organizado por el flamante Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.
lgunas participaron en representación de organismos gubernamentales y otras por las organizaciones feministas.
Cerca de 300 mujeres pusieron sobre las mesas de debate las experiencias que trajeron desde provincias como Catamarca, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, con el fin de colaborar en el armado del Plan Nacional Contra las Violencias de Género.
Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral Contra las Violencias por Razones de Género, advirtió que en el NOA preocupan las “situaciones de violencia de las mujeres de las comunidades indígenas, del mundo rural”. La académica observó “altísimos niveles de violencia, de crueldades” y de “mucha naturalización de esas situaciones de violencia”.
Malacalza fue más allá y aseguró que en el NOA además se observa una “justificación y legitimación social de los gestores de violencia”. La académica indicó que los desafíos del Ministerio estarán en dejar de trabajar solo en “actuaciones policiales y judiciales” y “desarmar esa relación de poder entre los géneros”.
Las formas de trabajo en los foros son horizontales. Se propusieron seguir los lineamientos de los movimientos feministas caracterizados por un fuerte trabajo con las bases?
Reconocemos las experiencias de las organizaciones, por sobre todo de las organizaciones feministas, en esos procesos de construcción horizontal de política pública y de la participación política. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, ha manifestado en todas sus intervenciones que estamos obligados a tener otro modo de hacer política.
alta tiene estadísticas preocupantes en cuanto a la violencia de género, lo que incluyen una gran cantidad de denuncias por abuso sexual. ¿Qué mirada tiene sobre la provincia ?
Sabemos que la problemática de la violencia de género está sumamente extendida, con diferentes dimensiones y características por regiones. Sabemos que en el NOA, Salta, Tucumán y Jujuy tienen particularidades distintas a las del resto del país.
En términos de abuso sexual, las situaciones de violencia de las mujeres que forman parte de las comunidades indígenas, del mundo rural. Sufren altísimos niveles de violencia, de crueldades, de mucha naturalización de esas situaciones de violencia. Diría incluso de mucha justificación y legitimación social de los gestores de violencia, que requieren una política pública acorde a esas realidades.
Por eso, la organización de los foros tiene que ver con recuperar los diagnósticos, las propuestas de acciones, de políticas públicas acordes a cada una de las regiones y provincias. Sería muy irresponsable diagramar un plan nacional contra la violencia con los altísimos números de femicidios, de causas judiciales que se inician, no teniendo en cuenta las particularidades de cada provincia y, dentro de las provincias, lo que significa el mundo rural, el mundo indígena, las comunidades migrantes, los centros urbanos.
A todas esas realidades debemos contemplarlas y, en eso, tienen un lugar central las organizaciones y también los gobiernos provinciales y municipales, para darnos los diagnósticos y las propuestas que tenemos que hacer desde el gobierno nacional.
En Salta se nombró al ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada para el Consejo Federal de Mujeres, lo que fue cuestionado por las organizaciones feministas porque consideran que no se destaca por su posición a favor de las mujeres. ¿Qué opina de esta decisión?
Nosotras promovemos el Consejo Federal para articular las líneas de políticas públicas nacionales. No podemos intervenir en las designaciones de la provincia, es una responsabilidad de las provincias. Nosotras diseñamos, y los gobiernos locales ejecutan esos planes.
Hubo muchos casos de violencia de género protagonizados por policías. En un caso, incluso, se investiga a quienes cumplían la consigna policial por posible complicidad.
Controlar el uso de armas es clave para reducir los femicidios, es uno de los ejes en los que trabajaremos.
Ante el aumento de femicidios como contracara de los reclamos, Rita Segato habló de una espectacularización de los casos. ¿Qué está pasando?
El Ministerio creó una Dirección Nacional de Femicidios y Travesticidios. Vamos a ver definiciones políticas en este tema que no puedo adelantar ahora. Hay dos cuestiones que creemos fundamentales.
No es posible explicar la violencia de género sin tener en cuenta la dimensión estructural que sostiene los hechos de violencia, que tiene que ver con las desigualdades en el acceso a derechos de las mujeres con respecto a los varones, y en las relaciones de poder estructural entre los géneros. Eso promueve cada hecho de violencia. Esa estructura patriarcal, machista, colonial, racista que de alguna manera es la que explica los hechos de violencia.
Yo creo que en las políticas públicas, la mayoría de los esfuerzos anteriores se ha concentrado solamente en el abordaje de las violencias individuales. No se tuvo en cuenta esa dimensión estructural. Se promovieron intervenciones solamente en un ámbito judicial y policial, y eso ha sido un abordaje muy acotado en políticas públicas. Nuestro objetivo es desarmar esa relación de poder entre los géneros, y entre géneros y diversidad. Y el otro gran punto es un abordaje integral de las políticas públicas. Trabajaremos en las masculinidades también, para no solo trabajar en la víctima.
¿En estos años se atacaron las consecuencias y no la raíz?
Sí, pero de una manera muy reducida, en términos individuales. No se dio desde el Estado un proyecto de vida para que la mujer que denuncia un hecho de violencia pueda tener una vida autónoma en términos sociales, económicos y habitacionales.
El Estado solo ofrece una comisaría donde denunciar, con botones antipáticos. En la mayoría de las provincias no hay refugios y no se trabajó sobre la aplicación de la Educación Sexual Integral. Se trabajó muy desarticuladamente en los últimos años, sin respuestas integrales.
Desde el Ministerio trabajaremos en las dimensiones estructurales. América Latina es una región sumamente violenta, las mujeres son un campo de batalla entre las violencias públicas y la violencias privadas. Es una complejidad enorme que abordaremos desde el ministerio. Por que no alcanzan las medidas de protección, el botón, las pulseras. Es un trabajo a largo plazo, sino esto será cada vez más grande.
En Salta hay un Comité de evaluación de femicidios, transfemicidios y violencia de género dentro del Ministerio Público que rechazó designaciones y repudió a funcionarios judiciales en ejercicio por tener graves denuncias de violencia de género. Sin embargo, siguen impartiendo justicia.
Tenemos que trabajar en el modo en que la Justicia viene trabajando en la temática. En la mayoría de los casos que se denuncian de violencia de género, al no haber un tipo penal que se llame “violencia de género” en Argentina, se denuncian como lesiones, como amenazas, como desobediencias. Son delitos que muchas veces son ninguneados en las actuaciones judiciales.
Se especializó en diversidad de género. Hasta hace poco la única provincia que trabajaba en esta problemática era Santa Fe con la única subsecretaría del país. ¿Cómo planean trabajar en esta área que tiene menos espacio incluso que la violencia de género?
Se creó una Secretaría de Igualdad y Diversidad que tiene una Subsecretaría de Igualdad de Género y una Subsecretaría de Diversidad. Es la primera vez que hay un cargo tan alto para incorporar la perspectiva de las diversidades de género dentro de una estructura ministerial.
En esto el Ministerio fue clave, en la Subsecretaría de Diversidad está una militante activista trans referente a nivel nacional. Con Alba (Rueda), lo que hemos trabajado es la incorporación de las perspectiva de la diversidad en el diseño de las políticas públicas.
Es fundamental, en la Subsecretaría debemos abordar las violencias, pero es clave que como destinatarias principales sean las personas trans, travestis, lesbianas e identidades no binarias para que haya una adecuación de las políticas públicas.
Además es importantísimo incorporar las perspectivas de identidades en las políticas públicas, visibilizar los casos de travesticidios como los casos de asesinatos por su identidad de género.
Sabemos de la enorme persecución y violencia policial que sufre la comunidad trans y travesti, en eso es clave lo que podemos hacer desde Nación y el compromiso de las provincias y los municipios.
Es importante dejar en claro que sin el compromiso de las provincias y el municipio no se podrán aplicar los abordajes territoriales. Confiamos en que las provincias adhieran a las definiciones que establezcamos a nivel nacional.
En Salta, algunos concejales promovieron el cupo laboral trans, pero no tuvo consenso. ¿ Lo promoverán desde la Nación?
Los cupos laborales son fundamentales sobre los todo destinados a la población de trans y travestis. Son discriminaciones positivas, es decir que el Estado reconoce que hay una desigualdad y una discriminación estructural que viene sufriendo hace años determinado grupo de población.
Sobre las personas trans y travestis, sabemos de los altísimos grados de discriminación y violencia que han sufrido y la dificultad que han tenido siempre para acceder a derechos.
Entonces el Estado nacional y provincial debemos llevar a cabo las políticas de discriminación positivas para, de alguna manera, brindarle las condiciones de posibilidades de acceder privilegiadamente a ciertos derechos de los que fueron históricamente relegados. Desde el Estado nacional nos parece fundamental la definición de cupos.
