Bullrich debió acordar con los bloques dialoguistas que se diera de baja la reforma a la Ley de Tierras Rurales, para sesionar este jueves. Fue después que gobernadores aliados se sumaran al rechazo, lo que anticipaba una posible votación adversa. El resto del proyecto, con expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, sigue en pie.
El capítulo más resistido de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada no llegará al recinto del Senado. Tras una jornada de negociaciones que se aceleró este miércoles, Patricia Bullrich acordó con los bloques dialoguistas retirar la reforma a la Ley de Tierras Rurales del proyecto que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para poder destrabar la sesión convocada para este jueves a las 14. La decisión llega después de dieciséis versiones de texto, un techo de extranjerización que había llegado a fijarse en el 25% y cuatro postergaciones previas de la votación.
El quiebre definitivo se produjo esta mañana, cuando tres gobernadores considerados cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua anunciaron públicamente su rechazo al capítulo de tierras. Esa noticia, sumada a la posición negativa de tres de los 10 senadores del radicalismo, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del bloque peronista, y el cambio de opinión de la aliada salteña Flavia Royón, terminó de inclinar la cuenta de votos hacia el «no»: según el poroteo que circulaba entre los senadores, el oficialismo llegó necesitaba cuatro votos más para evitar perder la votación en el capítulo más sensible.
La última versión del texto, previa al retiro, mantenía la prohibición para que Estados extranjeros compraran tierras rurales, pero habilitaba a personas jurídicas con participación estatal extranjera (directa o indirecta) a adquirirlas si contaban con la autorización conjunta de la provincia donde se ubicara el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional, según el texto al que accedió Infobae. Ese esquema tampoco alcanzó para cerrar el acuerdo.
La negociación no estuvo exenta de un nuevo cortocircuito con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se había manifestado en contra del proyecto desde el inicio. Según pudo saber PERFIL, en el bloque libertario hubo enojo con Villarruel por la forma en que la Secretaría Parlamentaria hizo circular la convocatoria a la sesión de este jueves, pensada formalmente para retomar el cuarto intermedio que se había votado el 16 de julio pasado. Mientras tanto, la sociedad civil y varios artistas convocaron a una movilización frente al Congreso para este mismo jueves en rechazo al proyecto.
Con el capítulo de tierras afuera, el resto de la iniciativa sigue en danza: el endurecimiento de las condiciones para expropiaciones (con el objetivo declarado de evitar que el Estado tarde hasta 18 años en pagar indemnizaciones), la agilización de los desalojos —un punto sensible para inquilinos—, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego sobre el uso posterior de tierras incendiadas, y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Son los mismos ejes que Bullrich había defendido extensamente el martes en su conferencia de prensa, cuando calificó a la ley vigente de tierras como «un despropósito» ideado para «volver terratenientes a los amigos» de Máximo Kirchner.
Con el capítulo de tierras fuera del temario, restará ver si el oficialismo consigue ahora los votos para el resto del proyecto, y si la vicepresidenta, tal como estaba previsto, deja en manos del propio recinto la definición sobre la participación remota de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Por ahora, la señal que deja esta marcha atrás es clara: incluso con la promesa de un tope más alto que el vigente, el capítulo que buscaba flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no logró sobrevivir a la resistencia combinada de gobernadores propios, aliados dialoguistas y la oposición.
Qué queda de la ley de propiedad privada tras la marcha atrás con la extranjerización de la tierra
El oficialismo retiró el capítulo más controvertido para intentar asegurar la sesión. El proyecto todavía busca modificar los desalojos, las expropiaciones, el uso de terrenos incendiados y los registros inmobiliarios.
La eliminación del capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros despejó el principal foco de conflicto dentro de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, el proyecto que el oficialismo pretende debatir este jueves 6 en el Senado mantiene otros cambios relevantes sobre alquileres, expropiaciones y manejo del fuego.
La decisión fue adoptada después de que gobernadores y senadores dialoguistas anticiparan su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras. La Libertad Avanza resignó así el capítulo más cuestionado para intentar reunir los votos necesarios y sostener la sesión convocada para las 14, luego del cuarto intermedio dispuesto en julio.
Aunque ese apartado quedó afuera, el resto de la iniciativa conserva modificaciones que pueden tener impacto sobre propietarios, inquilinos y organismos públicos. Entre ellas se encuentran la aceleración de los procesos judiciales de desalojo, mayores exigencias para que el Estado pueda expropiar un bien y una reducción de las restricciones aplicadas a determinadas tierras productivas después de un incendio.
Desalojos más rápidos y límites para las expropiaciones
Uno de los ejes centrales del proyecto busca acelerar los juicios de desalojo mediante el procedimiento sumarísimo, el trámite más breve contemplado por el Código Procesal Civil y Comercial. La reforma alcanzaría tanto a inquilinos que dejaron de pagar como a ocupantes que estén obligados a devolver una propiedad.
En los alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar al inquilino y darle un plazo mínimo de diez días para pagar la deuda antes de iniciar la demanda. El texto también facilita la restitución anticipada del inmueble al reemplazar la caución real, que implica una garantía económica, por una declaración jurada del demandante.
El desalojo continuará requiriendo una decisión judicial, pero el cambio busca reducir los plazos y requisitos que actualmente debe atravesar el propietario. Para el oficialismo, la reforma permitirá recuperar con mayor rapidez los inmuebles ante incumplimientos. Sus críticos sostienen que podría reducir las posibilidades de defensa de los inquilinos y ocupantes.
La propuesta también modifica la Ley de Expropiaciones y establece condiciones más estrictas para que el Estado pueda avanzar sobre un bien privado. La declaración de utilidad pública deberá identificar de manera concreta el objetivo perseguido y demostrar que la expropiación es idónea, necesaria y proporcional.
Además del valor del bien y los daños directos, la indemnización podría incorporar el lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario dejaría de percibir como consecuencia de la medida. El monto deberá actualizarse y la propiedad no pasará definitivamente al Estado hasta que la compensación haya sido pagada en su totalidad.
El texto limita también la ocupación temporánea de propiedades, un instrumento que permite al Estado utilizar un bien durante una emergencia sin expropiarlo definitivamente. La medida tendría un plazo máximo de 90 días y quedaría reservada para situaciones excepcionales.
Cambios para los terrenos afectados por incendios
Otro de los capítulos que permanece dentro del proyecto modifica la Ley Nacional de Manejo del Fuego, sancionada para impedir que los incendios sean utilizados como una herramienta para cambiar el destino económico de los terrenos.
La normativa vigente establece restricciones de hasta 60 años para modificar el uso, vender o lotear determinados bosques, áreas protegidas y humedales afectados por el fuego. También fija una prohibición de 30 años para desarrollar emprendimientos inmobiliarios o cambiar la actividad productiva en tierras agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas incendiadas.
Durante el debate en comisiones, el Senado mantuvo las protecciones aplicadas a los bosques nativos, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años que alcanza a parte de las tierras rurales productivas. En esos casos, podrían habilitarse antes la venta del terreno, el cambio de uso o el desarrollo de nuevas actividades.
El Gobierno argumenta que las restricciones actuales son excesivas cuando el incendio fue accidental y pueden inmovilizar una propiedad durante décadas. Desde sectores ambientales advierten que la flexibilización podría devolver incentivos económicos a la quema intencional y facilitar la especulación inmobiliaria o agropecuaria sobre superficies afectadas por el fuego.
Finalmente, el proyecto conserva un capítulo destinado a modernizar los registros de la propiedad inmueble. La iniciativa promueve la digitalización de los trámites, la reducción de los plazos y una mayor integración entre los registros nacionales y provinciales.
De esta manera, la salida del capítulo sobre tierras extranjeras redujo el costo político de la iniciativa, pero no vació su contenido. Los desalojos acelerados, los límites a las expropiaciones y los cambios en la Ley de Manejo del Fuego serán ahora los principales puntos que deberán discutir los senadores.
fuente: Perfil
