El oficialismo se impuso en las elecciones regionales y parlamentarias en medio de una abstención histórica, denuncias de represión y la irrupción del hijo de Maduro como posible sucesor. La votación incluyó al territorio en disputa del Esequibo.
Pasaron 303 días desde que la Comisión Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales. Desde entonces, siguen sin mostrar las actas pese a los reclamos de veedores y organismos internacionales. Frente a su dudosa legitimidad, en función de las denuncias de fraude de la oposición, el mandatario venezolano encaró otro desafío electoral: las elecciones parlamentarias y regionales de 24 gobernaciones, 285 legisladores nacionales y 520 regionales.
Para sorpresa de nadie, el chavismo arrasó pero con un dato peculiar: la participación más baja de la historia. Si bien la CNE, afín al chavismo, informó una asistencia del 42,26%, según el recuento de organizaciones independientes la cifra de venezolanos que acudió para elegir a la Asamblea Nacional osciló entre el 15 y el 25% del padrón.
El «boicot» de la oposición, que «celebró» la abstención interpretada como rechazo al régimen de Maduro, fue liderada por el partido Vente Venezuela. En paralelo, su líder, María Corina Machado -actualmente refugiada en la clandestinidad- denunció a la «maquinaria represiva» de la cúpula chavista, que, como parte del ejercicio del «terrorismo de estado», ordenó nuevos arrestos arbitrarios de figuras de su partido. «Más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no», sostuvo en sus redes después de los comicios.
Mientras el gobierno se mantiene en silencio respecto a la presión internacional por la situación de derechos humanos, estos casos se suman a las denuncias de otros organismos, desde la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) hasta Amnistía Internacional (AI), respeto a desapariciones forzadas, fallas en el debido proceso y hasta secuestro de pasaportes a opositores políticos, periodistas y activistas.
«Venezuela debe restituir pasaportes anulados ilegal y arbitrariamente a personas opositoras, defensoras y periodistas», sostuvo la CIDH en un comunicado en el afirmó que, según su centro de monitoreo, «al menos 40 personas han sido víctimas de la anulación de sus pasaportes».
Por su parte, AI denunció un «incremento alarmante de detenciones» en los últimos días de opositores, periodistas, sindicalistas y activistas. «Son patrones de una política de persecución a la disidencia en el marco de procesos electorales», denunció la organización internacional desde su sede en México.
Venezuela se tiñó de rojo
En medio de un clima de apatía y persecución, el chavismo se quedó con todos los resortes del poder tras las elecciones del domingo pasado en Venezuela. Nicolás Maduro no sólo logró que el oficialismo retenga 23 de las 24 gobernaciones, sino que también colocó a figuras clave —incluido reiteradas apariciones públicas de su hijo, apodado «Nicolasito»— en las bancas del nuevo parlamento, ampliado inconstitucionalmente de 167 a 285 escaños. La oposición, por su parte, no participó y denunció el «terrorismo de estado» del gobierno contra sus dirigentes.
El mapa volvió a teñirse de rojo. El chavismo recuperó estados simbólicos como Barinas —cuna de Hugo Chávez— y Zulia, donde la oposición había resistido. En Barinas, ganó Adán Chávez, hermano del expresidente.
El cuestionado oficialismo no solo fortaleció su control territorial: también utilizó esta elección para blindar políticamente al entorno íntimo de Maduro. Cilia Flores, Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro Guerra fueron electos diputados, lo que deja ver un proyecto sucesorio ya en marcha tras 25 años de chavismo y 12 de Maduro, cuestionado por haber asumido un tercer mandato que no fue reconocido por buena parte de la comunidad internacional.
Vente Venezuela, el partido que respalda a Machado, denunció al menos una decena de detenciones arbitrarias durante la jornada electoral. Entre ellas, la de Juan Pablo Guanipa y Catalina Ramos, coordinadora nacional de Asociaciones Ciudadanas de la agrupación, cuya familia aún desconoce su paradero. Uno de los apuntados fue una figura clave del poder chavista: Diosdado Cabello, ministro de Interior y de Justicia.
El expresidente de la Asamblea Nacional es uno de los artífices del aparato represivo del gobierno, que incluye el encarcelamiento de extranjeros como el argentino Germán Darío Giuliani, preso e incomunicado desde hace una semana pese al reclamo del Gobierno argentino, enemistado con Caracas. Según anunció Cabello este miércoles, fue capturado en un velero en alta mar «cuando iba a buscar a un narcotraficante», sin aportar pruebas.
Otro hecho inédito que dejó la elección en Venezuela fue la inclusión del Esequibo como circunscripción electoral. Ese territorio, disputado con Guyana, había sido incorporado simbólicamente en el referéndum de diciembre, pero ahora el oficialismo fue un paso más allá: eligió legisladores en un área que no controla, pese a las advertencias de la Corte Internacional de Justicia.
Con un aparato cada vez más concentrado, el chavismo consolida su hegemonía, pero lo hace con menos base popular. La baja participación y el uso del aparato represivo del Estado evidencian un régimen que se impone más por desgaste y control que por apoyo genuino. Aunque Maduro se proclamó vencedor en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la oposición denunció fraude tras la negativa oficial a publicar las actas de votación, lo que reaviva el descrédito de los comicios y profundiza la crisis institucional en el país.
fuente: Perfil
