La Libertad Avanza busca emitir dictamen este miércoles para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto prohíbe financiar al Tesoro, echa al ministro de Economía del directorio y exige una mayoría de dos tercios para remover autoridades.
El gobierno de Javier Milei pisó el acelerador a fondo en el Congreso para cambiar de raíz las reglas de juego del Banco Central. La Casa Rosada quiere transformar en ley una de sus principales apuestas económicas: que la entidad deje de emitir pesos para financiar el déficit del Estado. Para lograrlo, empujan una reforma integral de la Carta Orgánica y buscan conseguir el dictamen clave este mismo miércoles en la Cámara de Diputados.
Para darle fuerza al debate, el oficialismo armó una lista de invitados con un perfil económico muy marcado. Este miércoles, desde las 15, el plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto escuchará a cinco referentes: Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki. Ellos serán los encargados de defender la iniciativa frente a los legisladores.
En la práctica, el texto recorta las funciones históricas de la entidad monetaria y le deja una sola tarea central: cuidar el valor del peso. Si la ley avanza, el Gobierno ya no podrá usar el Banco Central para girarle fondos al Tesoro ni para darle préstamos a las provincias. Además, el proyecto saca al ministro de Economía del directorio, un lugar donde hoy tiene voz, para marcar una división política clara entre las dos áreas.
Pero el punto más fuerte de la reforma es el bloqueo que intenta dejarle a los próximos gobiernos. El proyecto establece que, para remover al presidente o a los directores del Banco Central, hará falta el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Según argumenta el documento oficial, la idea de esta mayoría especial es evitar que se despida a las autoridades por negarse a «desviar la política monetaria para cumplir objetivos populistas».
Pese al apuro, la falta de mayorías automáticas obligó al oficialismo a recalcular las fechas. El plan original era llevar el tema al recinto el 19 de agosto, pero finalmente pasaron la sesión para el 26. Ese margen de tiempo extra es clave para que La Libertad Avanza logre cerrar filas con los bloques dialoguistas, sobre todo después del revés político que sufrió el oficialismo recientemente en el Senado.
Negociaciones y moneda de cambio
En un escenario donde los acuerdos son complejos, el oficialismo salió a recomponer su esquema de alianzas. La semana pasada, el propio presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y su vice, Vladimir Werning, desembarcaron en la Cámara baja. Allí, mantuvieron reuniones con los referentes de los bloques amigables para explicarles el proyecto cara a cara y asegurarse de que nadie haga alguna jugada “extraña”.
Los aliados (como el PRO y Provincias Unidas) escucharon los argumentos y mostraron buena predisposición para acompañar la prohibición de emitir. Sin embargo, enseguida marcaron la cancha: avisaron que sus votos no llegan gratis y pidieron que el oficialismo también incluya en la próxima sesión los proyectos que a ellos les interesan.
Para no poner en riesgo el debate a fin de mes, el Gobierno ya evalúa ceder y armar un temario compartido. Como muestra de esa negociación, empezó a sonar fuerte la posibilidad de sumar una iniciativa de Gisela Scaglia, titular del bloque de Provincias Unidas, que busca darle más poder a las provincias para combatir el narcomenudeo. Un clásico ida y vuelta legislativo para garantizar que la reforma del Banco Central llegue a buen puerto.
fuente: Perfil
