Cerraron dos locales tradicionales de la capital salteña.
Competencia desleal, deudas tributarias que se acumulan, caída de ventas, suba de precios de los insumos y la pandemia. Ese combo explica la situación de alta fragilidad de las panaderías salteñas, que se vio expuesta tras conocerse el cierre de un local del centro capitalino que tenía más de 60 años de antigedad.
La panadería Pérez, que estaba ubicada en Jujuy 84, cerró hace un mes, pero recién en los últimos días ese triste desenlace comenzó a ser noticia por los comentarios en redes sociales de decenas de exclientes fieles del comercio quienes para las fiestas de fin de año solían comprar ahí los inigualables panes de miga para sándwiches.
El final que tuvo ese negocio familiar, nacido de un sueño de Antonio Jesús Pérez que lo continuaron sus dos hijas y un hijo, no fue sorpresivo. La crisis que atraviesa el sector panadero en Salta se desliza cuesta abajo desde hace por lo menos siete años en un tobogán cuyo fin es previsible. Los mismos motivos que provocaron el quiebre de la panadería Pérez causaron el cierre de la panificadora Sur, de barrio Limache, dos meses atrás.
“Se estaban acumulando las deudas fiscales, las ventas estaban bajas tanto por la pandemia como por el crecimiento de la venta ilegal y los insumos de panadería no pararon de aumentar su precio”, explicó a El Tribuno Francisco Flores, yerno del fundador de la panadería Pérez (fallecido hace 10 años).
Los truchos
La venta ilegal de productos panificados es un flagelo del que nadie se hace cargo. Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, recordó, ante la consulta de este diario, que el año pasado presentaron ante Rentas de la Provincia un listado con las direcciones de unas 60 panaderías truchas, que son algunas de las que distribuyen para la reventa en prácticamente todos los negocios de la capital salteña. Dijo que no se hizo ni un solo operativo para desbaratar el negocio que prospera en las sombras y cuya consecuencia dejó por lo menos a 20 personas sin un empleo en blanco (8 trabajaban en Pérez y otros 12 en la panificadora Sur).
“Estoy desde hace 20 años en la Cámara de Panaderos y en todo este tiempo no vi a ningún gobierno actuar para frenar a los ilegales, contra los que no podemos competir en precios. Son panaderías que compran en negro, tienen empleados en negro y elaboran el pan en un lugar clandestino”, dijo Romano.
El fuerte de la panadería Pérez era el pan de miga, que significaba más del 40% de las ventas del local, contó Flores. Los compradores eran la mayoría de las confiterías y quioscos del centro, por lo que a ese producto se lo puede ver como un indicador económico para dimensionar la crisis en ese sector de la ciudad.
“Al comienzo de la pandemia, con las restricciones para circular, no se vendía casi nada y después la comercialización se fue recuperando un poco pero nunca se llegó a los niveles de por ejemplo el año pasado”, dijo el familiar.
Afirmó que tampoco podían hacer mucho para contrarrestar la venta ilegal. En el caso del pan de miga, el ilegal se vende a cerca de la mitad de precio de lo que cuesta en una panadería habilitada.
“Te piden todos los requisitos de empaquetado, con los correspondientes códigos sanitarios y fecha de vencimiento, pero al pan de miga que venden por ejemplo en las fiambrerías de la avenida San Martín te lo dan en una bolsa blanca. Así es imposible”, remarcó Flores.
