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viernes, septiembre 24, 2021

Pidieron apartar de un caso a la fiscal Verónica Siemesen y ella salió al cruce

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El juez Martini cuestionó un accionar con el teléfono que tenía el auxiliar Sergio Dantur. La fiscal aseguró que cada vez que se intenta investigar en Anta pasa lo mismo.

Una polémica se instauró en la Ciudad Judicial y otra vez en suceso que ocurrieron llamativamente en Anta. En este caso, el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación Luciano Martini comunicó “el apartamiento” de la fiscal Verónica Simesen de Bielke de dos causas en la que se encuentra imputado un comisario de Apolinario Saravia. 

La noticia se difundió a través de la página oficial del Poder Judicial, lo que motivó una enérgica respuesta de la fiscal Simesen de Bielke. Afirmó que el juez “no tiene facultades” y que por lo tanto lo que solicita carece de validez. Hizo notar que en casos de Anta aparecen trabas para investigar.

“De todas maneras voy a esperar que resuelva el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo”, de quien dijo tiene todo su apoyo en el trabajo realizado desde su fiscalía.

La resolución que tomó estado público es en la causa contra el comisario Walter Exequiel Mamaní, quien está acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza. 

Este año, la fiscal imputó al auxiliar fiscal de J.V. González Delegación Apolinario Saravia-, Sergio Dantur, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real. Lo hizo en base a diálogos entre Mamaní y Dantur, que despiertan sospechas de una posble filtración de información para favorecer a Mamaní. 

Ahora hay otro giro con la medida del juez Martini. La causa llegó por recurso de reposición “in extremis” de la defensa de Sergio Dantur, argumentando en relación a la titularidad de la línea telefónica cuyo secuestro, según reza el parte judicial, “se hizo sin orden judicial y por directiva de la fiscal de Derechos Humanos”.

“La Fiscal había afirmado que la línea telefónica y el aparato secuestrados pertenecían al Ministerio Público, mientras que la defensa de Dantur expuso que dicha línea y aparato eran de su propiedad”, informaron desde la Justicia. 

“El uso de un teléfono y línea otorgada por el Ministerio Público Fiscal para el desempeño de un cargo también público posee esa naturaleza y, por ende, su retención e inspección por funcionario y aún agente -en este caso por cuestiones administrativas- de ese estamento no puede afectar, de ninguna manera, el derecho a la intimidad. Los teléfonos y líneas personales, en cambio, aún cuando se utilicen eventualmente para cuestiones laborales, son de propiedad de su titular y, consecuentemente, para sacarlos de su ámbito de custodia e inspeccionarlos es requisito “sine qua non” contar con la correspondiente orden judicial”, aclaró el juez. 

“La fiscal Simesen de Bielke en ejercicio de los deberes a su cargo informó de manera asertiva y reiterada ‘una falsedad determinante para resolver, que, a la postre, favoreció ilegítimamente su posición en detrimento de inviolables seguridades individuales, sin pasar por alto que dicha maniobra indujo a error a un órgano jurisdiccional”, señala el comunicado. 

Había afirmado además que el aparato y la línea telefónica en cuestión pertenecían al Ministerio Público por lo que “podía requerirlo, en cualquier momento, por decisión administrativa, por razones de servicio o por cualquier otra cuestión naciendo la consecuente obligación para el citado auxiliar fiscal -como depositario de tal objeto- de entregarlo”. De esta forma fundamentó la decisión de llevar adelante el secuestro sin orden judicial.

Para zanjar la cuestión, el juez requirió informe a la empresa “Personal” para que precise “datos personales, razón social o denominación del órgano u organismo, público o privado, del abonado al que corresponde la titularidad de la línea”. Y la empresa comunicó que el único titular de la línea era Dantur.

Al aclararse la propiedad de la línea y del aparato se modifica el escenario de lo actuado porque en el trámite anterior se había concluido que no se necesitaba orden judicial al tratarse de una línea oficial del Ministerio Público y en la ocasión se validó lo actuado por la funcionaria a cargo de la investigación. Y “a los pocos días de dictado el pronunciamiento, la misma funcionaria que informó la calidad oficial de los objetos en cuestión apure un pedido de “ratificación” de secuestro y extracción de datos. Ello, jurídicamente, importa un pedido dirigido a legalizar una situación irregular que, como tal, sólo sería procedente y lógica ante el conocimiento de que la calidad pública del aparato y la línea comunicada a este Tribunal, no se condice con la realidad.” 

En base a esto, el juez concluyó que debía anularse el punto I de la resolución que fuera dictada el 14 de octubre y que dejaba sin efecto el punto X de la resolución del Juzgado de Garantías de J. V. González.

“La actuación de la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, eventualmente podría resultar constitutiva de infracciones previstas en el Código Penal, sean en perjuicio de la administración pública, la fe pública u otros bienes jurídicos” por lo que debe ser apartada de la causa corriendo vista a la fiscalía que por turno y materia corresponda.

“Sigo en la causa, no tienen facultades para apartarme”

Entrevista con Verónica Simesen, fiscal de Derechos Humanos.

La fiscal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke dijo anoche a El Tribuno que se enteró del pedido de apartamiento y de una posible investigación en su contra de la misma manera que se enteró el resto de los ciudadanos.

La fiscal aseguró que leyó y releyó las expresiones vertidas por el juez en un parte de prensa, y advirtió que “no se ajustan a la verdad de lo realmente aconteció” en lo que respecta a su trabajo e investigación de las dos causas que tienen como imputado al comisario Walter Mamaní y a la investigación abierta posteriormente en contra de un auxiliar fiscal.

¿Qué opinión le merece el pedido de apartamiento realizado por el juez Martini?

Después de releer las expresiones vertidas por el juez encuentro que las mismas no se condicen con lo actuado por nuestra Fiscalía.

Es decir, no es real lo que sostiene al decir que yo dispuse el secuestro y extracción de datos del teléfono celular particular del auxiliar Sergio Dantur, sino que dispuse en su momento una inspección ocular y a pedido del imputado, comisario Walter Mamaní. Se le informó debidamente a Dantur sobre

la medida y que tenía como fin ver si existían las llamadas entre el auxiliar fiscal y el comisario Mamaní durante los incidentes ocurridos y denunciados en la causa Luciano Diez.

De allí surgen que existen las llamadas entre estas dos personas, de la cual se desprende un claro apartamiento de sus funciones (Dantur) al darle al comisario Mamaní información sobre la investigación de dos causas que lo tienen al policía como imputado. Allí, después de imputarlo, le solicito que entregue el teléfono oficial.

El mismo Dantur entregó el celular en donde quedó claro que era el aparato que usaba oficialmente para trabajar como auxiliar fiscal y no informó en ningún momento que era privado.

¿Puede un auxiliar fiscal utilizar un aparato privado para las cuestiones propias de su trabajo?

Por supuesto que no. Lo peor del caso es que el celular oficial de la Justicia lo usaban privadamente en su domicilio. Lo que no se entiende es por qué utilizaba el teléfono privado para el trabajo oficial.

Nunca informó que utilizaba un teléfono privado para su trabajo como auxiliar fiscal. 

Cuando pedimos al juez de Garantías autorización para investigar el teléfono, ahí aparece o denuncia que es un teléfono particular. Queda claro que lo que sostiene el juez no es cierto.

La defensa de Dantur presentó entonces la nulidad de extracción de datos. Aquí queda claro que fue el mismo Dantur el que nunca solicitó la devolución del teléfono en su carácter de particular.

¿Cómo se siente usted con este pedido, que además contiene un acusación?

Cuando uno lee el fundamento se da cuenta que es una clara acusación. El Tribunal de Impugnación jamás pidió el legajo para verificar que es lo que yo estoy sosteniendo está ahí. 

Si me quieren investigar por la comisión de un delito, que lo hagan, no tengo problemas. No tengo nada para esconder.

El juez me trata de mentirosa, pero el teléfono fue secuestrado en julio y recién en octubre la defensa salió a plantear que era privado. Dantur mintió porque utilizó un teléfono particular con carácter oficial. Lamentable resolución. Lo digo porque el Poder Judicial no puede apartar a un fiscal de la causa.

No tiene facultad para hacerlo. De la misma forma el procurador general no puede apartar a un juez de ninguna causa. Cada órgano es independiente y ejerce la superintendencia sobre sus funcionarios. El único que puede apartame de mis funciones es el procurador general, Abel Cornejo. El juez de Impugnación se extralimitó en su competencia.

Me imagino que el juez conoce este procedimiento y el alcance de su competencia…

Lo que hizo no tiene ninguna validez.

Además solicita una investigación y si esta se llevara a cabo yo soy inocente hasta que se me condene.

Y en este caso soy inocente porque existen muchas pruebas de ello. El legajo de mi investigación avala todas las medidas que dispuse. No entiendo cómo un juez solicita el apartamiento de un fiscal si eso es imposible, no lo entiendo. No sé por qué lo hace. Llama la atención que cuando uno investiga toda la zona sur, el departamento Anta, aparecen estas situaciones.

Y más llama la atención que todo esto aparece cuando yo solicito autorización para extraer todo el contenido de ese teléfono. Extracción lógica para buscar otros hechos ilícitos cometidos por el auxiliar. Pero ya ve, no me dejaron.

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