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sábado, febrero 4, 2023

Revalúo inmobiliario 2022: el primer “perdón” del FMI a la Argentina

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Martín Guzmán le había asegurado antes de la firma del acuerdo el 25 de marzo, que el Gobierno lograría plasmar este año el denominado “revalúo inmobiliario” el que se ejecutaría en todo el país antes del 31 de diciembre. El revalúo prometía ingresos por $65.000 millones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a la Argentina su primer perdón, dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas. Obviamente no fue por las metas comprometidas (que se cumplieron), sino por uno de los objetivos sobre los que no se logró avanzar. Martín Guzmán le había asegurado antes de la firma del acuerdo el 25 de marzo, que el Gobierno lograría plasmar este año el denominado “revalúo inmobiliario” el que se ejecutaría en todo el país antes del 31 de diciembre, con lo que los nuevos valores ajustados de las viviendas impactarían para el cálculo de Bienes Personales del ejercicio 2022.

Esto hubiera implicado que ya en 2023, cuando se liquide el tributo del presente año, la recaudación aumentara sustancialmente por el alza de uno de los rubros más importantes del impuesto. Sin embargo, por cuestiones políticas y legales (CABA, Mendoza, Córdoba y otras provincias clave se negaron a avanzar en la idea), el compromiso del exministro de Economía (el más importante en cuanto a la mejora real de la recaudación sin tomar en cuenta la inflación), no pudo ejecutarse. Durante la última visita de los funcionarios argentinos a Washington el tema se trató, y hubo un nuevo compromiso renovado de volver sobre el proyecto en 2023. Pero, obviamente, dependiendo de la evolución de las hoy muy complicadas relaciones políticas con la oposición regional que debe aplicar el incremento en los valores de las viviendas.

El revalúo es uno de los objetivos fundamentales a los que el país se comprometió a cumplir en el acuerdo de Facilidades Extendidas, y de los pocos capítulos donde seriamente el país puede avanzar en mejorar la posición fiscal. Compite con la reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos, pero estima una recaudación aún mayor. Según los cálculos de Guzmán, para este año, el revalúo prometía ingresos por $65.000 millones, mientras que la segmentación unos 15.000 millones. Esos $65.000 millones se calculan a partir de la aplicación del incremento de los valores de base de la mayoría de las viviendas de todo el país, para los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales.
Luego, para el año 2023, según los números del exministro de Economía, el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría unos $130.000 millones. Hubiera sido por el efecto que la medida hubiera tenido en ese tributo, afectado también por el incremento que impactaría en el mínimo no imponible y el alza de los activos sobre los que cae el impuesto. Pero, además, la suba en el tributo que se paga en las provincias y municipios también debería aportar un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta, a través de la firma de un pacto fiscal. Según los números que había elaborado en su momento Guzmán, el mecanismo de revalúo podría aplicarse sin problemas legales, al no relacionarse con un aumento de impuestos, sino con cambios en la manera de determinar el objeto tributable. El Gobierno proponía así desde un principio respetar su máxima sobre que el acuerdo con el organismo que conduce Kristalina Georgieva, no incluyera ningún alza de impuestos vigentes, o la creación de nuevos, sino que se tratara de una corrección sobre el activo donde se calcula el pago. Sutil diferencia, pero, afirmaban en el Ejecutivo antes y después de la llegada de Massa al palacio de Hacienda, legalmente salvable. El acuerdo con el organismo financiero firmado en marzo pasado, incluye el siguiente párrafo en el capítulo donde figuran las promesas de mayor recaudación fruto de la política tributaria: “En estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal (referencia estructural) a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1% del PBI para el año fiscal 2022 y un 0,2% adicional del PBI durante los próximos años”.

fuente: Ambito

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