De esa manera, la Fiscalía acogió una denuncia que el Gobierno presentó la semana pasada contra 12 personas, entre ellas Morales, Arce, Choquehuanca y Huarachi, a quienes responsabilizan por bloqueos y cortes de ruta.
La Fiscalía de Bolivia admitió este lunes otra denuncia contra el expresidente Evo Morales, los candidatos a mandatario y vice de su partido, el MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, y el sindicalista Juan Carlos Huarachi, quienes serán investigados por una comisión de fiscales por presunto terrorismo y genocidio, lo que complejiza aún más el deteriorado panorama político del país.
“Se ha admitido la denuncia contra estas personas, por lo que se van a expedir citaciones en el transcurso de estos días”, explicó en una conferencia de prensa el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, que remarcó que la tarea de su dependencia “se basa en principios de legalidad, oportunidad, objetividad, unidad, responsabilidad, autonomía, jerarquía y celeridad”.
De esa manera, la Fiscalía acogió una denuncia que el Gobierno presentó la semana pasada contra 12 personas, entre ellas Morales, Arce, Choquehuanca y Huarachi, a quienes responsabilizan por bloqueos y cortes de ruta que impiden “el normal transporte de oxígeno medicinal a centros de salud” que atienden contagiados de coronavirus.
Tras recabar “elementos suficientes”, la Fiscalía emitió “cinco ordenes de aprehensión contra personas principales e identificadas en los bloqueos”, reveló el fiscal Alexis Vilela, uno de los integrantes de la comisión creada.
“Estamos en una etapa investigativa, pero tenemos que hacerlo rápido porque aquí hay personas que están muriendo. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, celeridad es uno de nuestros principios”, dijo el Ministerio Público.
Los cargos penales contra los acusados, según la agencia de noticias EFE, son terrorismo, genocidio, atentado a la salud pública y contra la libertad de transporte.
La nueva denuncia y la investigación abierta parecen llamados a empeorar el de por sí áspero panorama en Bolivia, donde desde hace una semana se registran cortes de rutas por sectores cercanos al MAS y a la Central Obrera Boliviana (COB) que objetan la postergación para el 18 de octubre de las elecciones presidenciales.
Estos grupos pretenden que los comicios se hagan el 6 de septiembre, pero ayer el Tribunal Superior Electoral (TSE) pareció clausurar ese debate el ratificar que la compulsa será el tercer domingo de octubre, para evitar la etapa en la que se esperan los mayores contagios.
El Ejecutivo de facto de Jeanine Áñez, además, anunció que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana custodiarán en adelante “el traslado de oxígeno, insumos médicos, medicamentos y al personal de salud imprescindible” para la atención de los pacientes con coronavirus.
Tras una reunión de gabinete, el anuncio fue del ministro de Defensa, Fernando López, quien consideró que se hará “una caravana por la vida” para llegar con oxígeno a los hospitales del oeste del país.
Paralelamente, el Ejecutivo dispuso la virtual militarización de tres de las principales ciudades del país: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
El titular de Justicia, Álvaro Coimbra, había detallado antes la denuncia “por delitos de genocidio, terrorismo, sedición, delitos contra la salud, medio ambiente, los servicios básicos, destrucción de lugares públicos e instigación pública a delinquir”.
La semana pasada el Gobierno ya había anunciado que presentaría una demanda contra Morales y otros dirigentes del MAS, a quienes acusa de ser responsables de al menos una treintena de muertes por coronavirus de pacientes que no habrían recibido oxígeno y otros insumos médicos por los bloqueos en rutas, cuestión que el MAS y la central sindical desmintieron con el apoyo de videos que emitieron en redes sociales.
El fin de semana hubo dos reuniones en busca de un acuerdo sobre la fecha de elecciones, con resultados dispares pero con la casi certeza de que los comicios serán el 18 de octubre y que para ello la Asamblea Nacional –que domina el MAS- sancionará una ley.
Ante la decisión de la Fiscalía, el MAS denunció una táctica del oficialismo para impedir que Arce, favorito en todas las encuestas, gane las elecciones presidenciales.
La crisis viene, en verdad, desde el año pasado, cuando en octubre la oposición denunció un fraude electoral en la compulsa que había ganador Morales, y eso derivó en un golpe de Estado que terminó con Áñez en el gobierno y Morales exiliado, primero en México y después en Argentina.
La serie de manifestaciones y disturbios que generó el golpe derivó en una treintena de muertos y cientos de heridos. Las elecciones iban a hacerse el 3 de mayo, luego en septiembre y ahora, si no hay nuevos cambios, en octubre.
