El oficialismo y la oposición se enfrentan desde 2019 por el control de más de 30 toneladas de oro de las reservas estatales que están guardadas en el Banco de Inglaterra.
Las autoridades venezolanas alegaron el martes ante la justicia inglesa que el gobierno británico ya no reconoce a Juan Guaidó como “presidente encargado” y por ende deberían revisarse las decisiones judiciales que le dieron al dirigente opositor el control del oro depositado en Londres. El oficialismo y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el control de más de 30 toneladas de oro de las reservas estatales, valuado en 1.900 millones de dólares, que están guardadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
La caída de Guaidó
En una compleja sucesión de fallos y recursos, la justicia inglesa determinó que Guaidó era el representante legítimo del país. También que la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) que él nombró podía dar instrucciones al Banco de Inglaterra en calidad de cliente. Y que la justicia inglesa no reconocía las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas invalidando dichos nombramientos por considerar, entre otras cosas, que los jueces de esa corte están a las órdenes del presidente Nicolás Maduro.
Esta última decisión, tomada en julio de 2022 por la jueza Sara Cockerill de la división comercial de la Alta Corte de Londres, fue recurrida por el BCV oficial en octubre del año pasado. Pero a la espera de que el Tribunal de Apelación analizara el caso, la realidad política cambió en Venezuela.
A fines de diciembre, la asamblea opositora elegida en 2015 y aún reconocida por países como Estados Unidos y Reino Unido que consideran ilegítimas las legislativas de 2020 votó por disolver el gobierno interino de Guaidó. Esta decisión fue aceptada por gobiernos como Washington y Londres que habían reconocido a Guaidó cuando en 2019 se autoproclamó “presidente encargado”.
“Esta historia continuará”
Mediante su cuenta de Twitter, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo anexó una carta enviada por el departamento legal del gobierno inglés a la jueza Cockerill, en la que Guaidó ya no es reconocido como presidente. “¿Qué pasará ahora? La jueza Cockerill debe decidir si sigue aceptando a un grupo de delincuentes denominado ‘BCV ad hoc’ nombrado por Guaidó como parte del juicio. ¿Vendrá una etapa más de delirio en este absurdo jurídico y criminal contra Venezuela? Esta historia continuará…”, planteó Castillo.
“La posición del gobierno inglés, usada como argumento por el bufete de Guaidó (Arnold & Porter), cita la Doctrina de Una Sola Voz (One Voice) que expresa que en materia de política exterior el imperio británico sólo puede tener una postura y es la que fije el gobierno”, citó Castillo, quien aseguró que con la misiva compartida “la farsa se derrumba”.
Frente a tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres, el abogado Richard Lissack también recordó que “el 31 de enero de 2023, el ministerio británico de Relaciones Exteriores escribió a la jueza Cockerill, sin que nadie se lo pidiera” y “declaró que el gobierno ya no considera a Guaidó como ‘presidente interino'”.
Lissack representa desde 2022 a la junta directiva oficial del BCV presidida por Calixto Ortega, quien viajó desde Caracas para este nuevo capítulo de la saga judicial y el martes siguió la vista sentado en el fondo de la sala. Argumentando que “las placas tectónicas de la escena internacional se están moviendo”, el abogado pidió a los magistrados que sobresean la apelación y reenvíen el caso a Cockerill para su revisión completa.
Dado que Guaidó ya no es “presidente interino”, “lo correcto es dar marcha atrás”, afirmó Lissack, quien sin embargo no logró convencer a los jueces. El presidente del tribunal, Stephen Males, y sus colegas Stephen Phillips y Sarah Falk decidieron seguir adelante con la apelación relativa a las decisiones del TSJ venezolano. Las vistas empezaron inmediatamente el martes y se extenderán hasta el jueves.
“El mundo ha cambiado”
“Se les pide que determinen este asunto en apelación cuando el mundo ha cambiado” y “determinar litigios por motivos que ya no existen en el mundo real”, dijo Lissack a los jueces. Males y Phillips expresaron sin embargo sus dudas, señalando que el gobierno británico no cambió su opinión sobre a quién reconocía como presidente de Venezuela en 2019, cuando se produjeron los nombramientos en la dirección ad hoc del BCV.
El Banco Central venezolano presidido por Ortega demandó al Banco de Inglaterra en 2020 reclamando que le entregara el oro por necesitarlo para luchar contra la pandemia de covid-19. Este afirmó sin embargo haber recibido órdenes contradictorias del BCV nombrado por Guaidó, quien dijo temer que el dinero fuera a los bolsillos de los “cleptócratas” o sirviera para reprimir a la población.
Lissack aseguró el martes que el país sigue necesitando los fondos por motivos humanitarios y que estos deberían ser transferidos a “un fondo humanitario gestionado por Naciones Unidas en beneficio del pueblo de Venezuela”. Defendió a su vez que los miembros del BCV oficial son “banqueros serios que ejercen una importante misión en las condiciones más difíciles”, a diferencia de la junta ad hoc de Guaidó, sin funciones de política monetaria y muchos de cuyos miembros viven exiliados en Estados Unidos.
Al margen de lo que suceda con este recurso, un representante del equipo legal del bando de Maduro reveló a la agencia EFE que piensan presentar tan pronto como sea posible esa nueva demanda en la sala comercial, para que decida quién puede acceder al oro ahora que el gobierno británico ya no reconoce a Guaidó como presidente interino.
fuente: Pagina 12
