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jueves, octubre 6, 2022

Violencia de género: Seguridad, a favor de que la vigilancia policial vaya al agresor y no a la víctima

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Debaten un proyecto de ley sobre las medidas a tomar en casos de violencia de género. Unas 500 víctimas que denunciaron golpes o amenazas tienen consignas judiciales.

El secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz, manifestó que le parece más adecuado que las consignas judiciales por violencia de género -es decir, la vigilancia policial- vayan a los agresores y no a las mujeres, como sucede en la actualidad.

El funcionario dijo que él mismo les planteó esta situación a los diputados poco después de asumir, en diciembre de 2019. “La que tiene que andar con libertad es ella y su familia. El agresor tiene que estar custodiado”, pronunció.

Esta declaración se da en el marco de la media sanción por parte del Senado de un proyecto de ley para incluir la consigna para el agresor, entre las medidas que puede tomar el juez en los casos de violencia de género. El proyecto ya había sido aprobado por Diputados y ahora volverá a la Cámara Baja con modificaciones. Su aprobación sería inminente.

En la actualidad en la provincia hay alrededor de 500 consignas judiciales fijas por casos de violencia de género y todas están asignadas a mujeres. A fines de 2019 eran más de 800, pero tras una auditoría el número se fue depurando. Se detectó que en muchos casos no se manejaba información actualizada y que, por ejemplo, la medida de protección seguía vigente pese a que el agresor había sido finalmente detenido.

Desde hace años, desde las organizaciones feministas solicitan que sea el agresor el que tenga la consigna judicial y no la mujer, porque consideran que esto implica revictimizarla. “Es una forma de coartar la libertad”, manifestó Tania Kiriaco, cocoordinadora del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.

La abogada explicó que este proyecto de ley vendría a regularizar una situación que ya ha sido ordenada por la Justicia. Se refirió al caso en el que la jueza de Violencia Familiar y de Género Noemí Valdez hizo lugar al pedido de una mujer para que su agresor estuviera custodiado por la Policía, mientras ella seguiría con una consigna por 20 días más.

Kiriaco manifestó que esto “es un adelanto para no revictimizar a las mujeres o disidencias por violencia de género” y agregó que ven con agrado “todas las políticas públicas que el Estado implemente para mejorar la calidad de vida y los derechos humanos de las mujeres”.

El proyecto de ley que ahora debe tratar Diputados agrega un inciso al artículo 10 de la Ley provincial N´ 7888, de Protección contra la Violencia de Género, con la posibilidad de la consigna para el agresor. Este artículo enumera las medidas que debe y/o puede tomar el juez en un caso de violencia de género.

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Inés Bocanera, explicó que estas medidas “son enumerativas, no taxativas, y no son las únicas: son ejemplos”. Comentó que los jueces pueden asignar más de una medida y las que hagan falta para que la violencia cese.

Si bien los jueces podrían haber asignado la consigna judicial al agresor, aunque no estuviera enumerada, la funcionaria observó que esto “no ha sido lo más común”.

“Hoy se plantea el ejercicio de libertad de la persona que atraviesa situaciones de violencia”, observó la directora, aunque aclaró que “siempre hay que hacer una valoración correcta del caso”: por ejemplo, si el hombre no solo agrede físicamente o si no es el único agresor, sino que otras personas pueden atacar a la mujer de alguna manera.

“Cada caso es único”, observó, y explicó que en aquel en el que intervino la jueza Valdez el denunciado solo iba a agredirla, por lo que se buscó controlar que esta persona dejara de ir a los lugares donde ella estaba.

“La que tiene que hacer las preguntas para hacer la valoración es la Justicia, con la asistencia legal, social y psicológica de los equipos interdisciplinarios”, manifestó y planteó: “Es importante innovar en todas las medidas que sirvan hasta que tengamos una sociedad en la que la violencia deje de existir”. Bocanera observó que los agresores encuentran nuevas formas de violentar a las víctimas y señaló que, en consecuencia, “los jueces tienen que encontrar nuevas medidas”.

¿Un albergue?

El secretario de Seguridad mencionó que muchas veces les planteó a jueces y fiscales que, cuando una persona o una familia sufren una agresión, es conveniente sacarlas de ese entorno y llevarlas a alguno de los cuatro albergues que tiene la Provincia.

“Hay que sacar a la persona o a la familia del lugar, llevarla al albergue y, cuando detenemos al agresor, las restituimos a su hogar”, expresó Benjamín Cruz.

La prohibición  de comunicación  con la víctima

El proyecto de ley para incorporar la posibilidad de la consigna o custodia al agresor como una de las medidas para que los jueces tomen en los casos de violencia de género fue un proyecto que presentó la diputada Silvia Varg el año pasado en la Cámara Baja.

Poco después ingresó al Senado un proyecto similar de la senadora Silvina Abilés, por lo que los dos proyectos se acumularon.

Recientemente el Senado le dio media sanción al proyecto de ley original, pero lo modificó. Ahora está en revisión por la Cámara Baja, aunque su aprobación sería inminente.

Tras analizarlo, los senadores le quitaron un artículo, que preveía otra medida que podrían ordenar los jueces en los casos de violencia de género: la prohibición de la comunicación del agresor hacia la víctima por cualquier medio informático o cibernético o de mensajería instantánea, así como relacionarse o entrevistarse con ella o con su grupo familiar.

La diputada Silvia Varg dijo que va a aceptar el proyecto de ley que volvió del Senado: “Aunque sea con recortes, lo voy a aprobar. Es muy importante darle herramientas al sistema de protección, tendiente a garantizar seguridad para las mujeres que sufren violencia de género”.

La legisladora manifestó que “esta medida de protección va a ayudar mucho”. “Ese era el nudo central del proyecto de ley. Era urgente que no las revictimicen”, evaluó.

Varg contó que tomó el antecedente de un fallo de la provincia de Neuquén, del 27 de mayo de 2019, cuando un juez de Chos Malal consideró que volver a ponerle una custodia a la víctima implicaría revictimizarla. “Siempre debería haber sido así”, observó.

El otro artículo que finalmente no se aprobó buscaba prohibir la agresión por medios informáticos. “Las personas que padecen violencia de género tienen, por lo general, muy baja estima y eso los hombres lo saben… Cuando quedan fuera de la mano de la Justicia, empiezan a acosarlas de nuevo”, expresó Varg y lamentó que el Senado no lo hubiera considerado. “Me parece importantísimo. Trabajé mucho en estos temas… Tengo 12 años de experiencia y sé la situación de una víctima de violencia”, explicó.

Varg aseguró que está muy contenta con la aprobación de esta ley y valoró que viene a coadyuvar a otro proyecto de su autoría, que busca que los jueces les informen a las mujeres cuando el agresor está por salir en libertad.

Piden modificar la ley

Tras la media sanción, la senadora Abilés manifestó que “la consigna policial tiene que ser para el agresor, que lo acompañe e impida que llegue a algo más grave, como puede ser un femicidio”.

Evaluó que el hecho de que la mujer que sufre violencia de género tenga la consigna “no es justo y atenta contra sus derechos, su intimidad y privacidad”.

La senadora pidió que se conforme una comisión para hacer una modificación de la Ley N´ 7.888: “Seguimos agregando artículos y, en realidad, tenemos que adecuar esta ley”.

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