El último informe de una ONG de derechos humanos expuso la presunta represión en manos de las fuerzas de seguridad en los últimos 10 años. También registra las muertes ocurridas durante las masivas protestas de 2014 y 2017.
En la última década, Venezuela vivió un clima de violencia estatal que incluyó torturas, desapariciones forzadas y al menos 10 mil personas que fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Se trata de un escenario que es seguido de cerca por organizaciones internacionales de derechos humanos, especialmente en un contexto de tensión por la persecución a opositores durante la campaña presidencial.
Esta situación quedó expuesta en un informe reciente de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que reveló cifras alarmantes de violencia estatal en el país petrolero durante la última década, con más de 10.058 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad a cargo del presidente Nicolás Maduro. Además, más de 1.650 personas fueron víctimas de tortura durante este período.
Este informe coincide con denuncias de un “alarmante aumento en las desapariciones forzadas” de venezolanos por parte de un grupo de derechos humanos y expertos de la ONU. Estas desapariciones han ocurrido en el contexto de la alegada persecución política de opositores, en la previa a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela.
El estado de derechos humanos en Venezuela
“Estos diez años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, indicó la coordinadora de investigación de Provea, Lissette González.
Los datos mayoritariamente se refieren a presuntas ejecuciones extrajudiciales, aunque también incluyen las muertes ocurridas durante los años 2014 y 2017, durante protestas masivas en contra del gobierno de Maduro. “Por primera vez en los registros de Provea -desde hace 35 años- la mayoría de las víctimas de tortura fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, apuntó González.
Según la ONG, la cifra fue creciendo hasta alcanzar su punto máximo en 2020, momento a partir del cual comenzó a disminuir. La disminución, señalaron, podría atribuirse a una reducción efectiva de los asesinatos o a una falta de denuncia y cobertura mediática. En 2023, el total de víctimas mortales a manos de estas fuerzas fue de 620, la mayoría de ellas entre los 18 y 30 años, y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue responsable del 30% de los casos.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, continuó la especialista.
Persecución política
En paralelo, Maduro, abocado a su campaña para hacerse de un tercer mandato de seis años, fue acusado de encarcelar a disidentes y abusar de las instituciones estatales para marginar a los opositores políticos. Entre ellos su principal rival, la líder opositora María Corina Machado, que fue inhabilitada para postularse por la justicia que responde al líder chavista.
Por su parte, el Foro Penal, una ONG que brinda asistencia legal a personas detenidas arbitrariamente, informó que hay 273 “presos políticos confirmados” en Venezuela, incluyendo militares y civiles. A esto se suma que muchos de ellos fueron detenidos por más tiempo del permitido para la detención preventiva, que consiste en una violación a los derechos legales, entre ellos el debido proceso.
“Hay una intensificación significativa de la persecución de activistas de derechos humanos o fuerzas políticas no gubernamentales” en Venezuela, indicó Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, según AFP.
En la antesala a las elecciones, expertos de la ONU advirtieron que las violaciones a los derechos humanos podrían obstaculizar una votación libre y justa en julio, e instaron al gobierno chavista a “prevenir, erradicar y sancionar” tales actos y proporcionar información sobre el destino de las personas detenidas.
La situación en Venezuela, en tanto, sigue siendo motivo de preocupación para la comunidad internacional, con violaciones flagrantes de los derechos humanos y una creciente represión política que afecta a miles de personas y expulsa a tantas otras del país sudamericano.
Fuente: Perfil
